La Fiscalía de Galicia propone que las asociaciones puedan emprender una acción popular para defender bienes culturales

Actualizado: sábado, 13 noviembre 2010 19:13

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ha considerado que la futura Ley de Patrimonio Cultural gallega debería de otorgar a las asociaciones en defensa de los bienes patrimoniales la capacidad de ejercer "acción popular" en cumplimiento con uno de sus fines, como es colaborar con la Administración en esta labor y tener el derecho a participar y ser informadas de las actuaciones que se emprendan a favor del patrimonio.

En una intervención bajo el título 'Bases para el régimen de protección y valorización del patrimonio cultural gallego', durante las Jornadas sobre la Ley de Patrimonio Cultural que se celebran en el Balneario de Mondariz (Pontevedra), el fiscal superior dio a conocer un conjunto de propuestas que, a su juicio, mejorarían las medidas de protección previstas en el anteproyecto de ley y completarían el articulado.

Así, ha afirmado que el texto normativo tendría que incluir la "necesaria colaboración" de las comunidades religiosas --en especial la Iglesia católica-- y de la Administración Militar "en la identificación, reconocimiento, conservación, seguridad, restauración, valorización y divulgación" de los bienes culturales, dado el "ingente" patrimonio inmueble y mueble que poseen o custodian.

Esta colaboración, considera, debería extenderse también a los particulares y a las personas colectivas de derecho público o privado poseedoras de bienes culturales. La ley debería de hacer "referencia expresa al patrimonio cultural que está en los centros gallegos, el llamado patrimonio cultural de la diáspora", ha señalado.

Además, también propone añadir al anteproyecto de ley incluir los conceptos que quedaron fuera del documento, como "sitio histórico, arqueología industrial, parque arqueológico o lugar de interés etnográfico", ya que, advierte, "Galicia es uno de los países que más ofrece en este apartado expuesto a graves riesgos".

Para el fiscal superior, los principios de acción protectora deberían ordenarse en inventariado, clasificación, coordinación, inspección y prevención e información.