Fomento vuelve a basar su negativa en la incidencia presupuestaria del traspaso, con pagos que cifra "en un mínimo" de 554 millones
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 (EUROPA PRESS)
El Gobierno central ha vuelto a vetar la tramitación en el Congreso de los Diputados de la proposición de ley de transferencia a Galicia de la Autopista del Atlántico, la AP-9.
El informe del Ministerio de Fomento contrario a la tramitación de la iniciativa, aprobada en el Parlamento gallego por unanimidad, ha sido aportado a la Cámara Baja por el Ministerio de la Presidencia con fecha de este jueves, 29 de junio.
En él, Fomento concluye que "la aprobación de esta proposición de ley generaría un aumento de los créditos presupuestarios" , por lo que el departamento "no presta la conformidad para su tramitación en virtud de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución".
En uno de sus puntos, el departamento de Íñigo de la Serna hace referencia a la incidencia presupuestaria de la proposición de ley, y recuerda que las obras en marcha en virtud de un convenio de 2011 "representan a día de hoy una inversión de 224 millones de euros".
Además, apunta, la reducción de peaje en virtud de otro convenio de 2013 "está estimada en el entorno de los 4 millones de euros anuales, lo que supone 120 millones de euros hasta el final de la concesión".
Estas cuantías, según advierte el ministerio, "quedarían pendientes de compensación por parte del Estado". "Considerando su repercusión económica hasta el final de la concesión (2048), con el eventual incremento del tráfico y el régimen de peajes previsto en los convenios, podría elevarse hasta los 4.360 millones de euros", avisa.
Asimismo, alude a las bonificaciones de peaje vigentes por un convenio de 2006, cifradas en 7 millones anuales, y resalta que "seguirían siendo abonadas por el Estado, incluso después de haber realizado la hipotética transferencia de titularidad".
"Por tanto --concluye--, hasta el final de la concesión, implica un coste del orden de 210 millones de euros, a falta de considerar el eventual incremento del tráfico y del régimen de peajes previsto en los convenios".
Fomento añade a continuación que "no existen consignaciones en los créditos presupuestarios" del ministerio "que permitan afrontar dichos pagos, cifrados en un mínimo a día de hoy de 554 millones de euros, pero que podrían ascender hasta un total de 4.570 millones".
PRESIDENCIA
Por su parte, Presidencia, en un breve escrito adjunto al informe dirigido a la presidenta de la Cámara Baja, traslada "el criterio del Gobieron respecto de la toma en consideración de la proposición de ley orgánica" al amparo de lo establecido en el artículo 134 de la Constitución.
Incide en que, de acuerdo con el criterio del informe, la aprobación de la transferencia "supondría un aumento de los créditos presupuestarios", por lo que el Gobierno "no presta su conformidad para su tramitación".
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