Actualizado 23/01/2014 20:08 CET

Imputado un funcionario de la Diputación de Ourense

El PSOE exige la dimisión como diputado del expresidente del Inorde José Manuel Freire Couto y la destitución del gerente

   OURENSE, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El ingeniero del servicio de Aguas de la Diputación Provincial de Ourense Javier B.V. será el primero llamado a declarar como imputado por el juzgado de instrucción que investiga la gestión de los fondos europeos destinados a varios programas de la institución para instalar 104 minidepuradoras en una treintena de ayuntamientos, pues su firma certifica la ejecución de las obras.

   La convocatoria judicial fija en el día 7 a las 10,00 horas la declaración del funcionario, que se sumará a la documentación presentada el pasado 3 de octubre por los grupos de la oposición en la Diputación, PSOE y BNG y a la que el juez haya podido reclamar a la institución provincial.

   Un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) remitido a la Diputación de Ourense por el Ministerio de Hacienda en septiembre de 2013, recoge el seguimiento realizado por comisarios europeos al proceso de adjudicación y certificación de la obra civil, suministro, instalación y control técnico de más de un centenar de minidepuradoras incluidas en los programas Deputrans y Daredo, que recibieron como cofinanciación 10,123 millones de euros procedentes de fondos europeos.

   En el informe de la Olaf, se alude a la existencia de irregularidades "en la compra de las plantas depuradoras y en los contratos de asistencias técnicas" que suponen el "incumplimiento de los principios que gobiernan la contratación pública en la Unión Europea" en el caso de los concursos para la compra de depuradoras, y el "incumplimiento de los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia" en el caso de las asistencias técnicas que "violaron la norma española".

   Toda irregularidad, según el informe, "dará lugar a la obligación de reembolsas las cantidades percibidas indebidamente", y además, en un apartado específico del informe para el ámbito penal, los investigadores europeos determinaron que "hay elementos para pensar que la Diputación diseñó los pliegos de condiciones para la compra de depuradoras, con la intención de favorecer a la empresa SMA y permitió a esa empresa que utilizara en su favor información confidencial".

ADJUDICACIONES NO PERMITIDAS

   También los contratos de asistencias técnicas fueron para la empresa SMA "lo que lleva a la Olaf a la conclusión de que fueron adjudicaciones directas no permitidas por la normativa de contratación pública", y en conjunto en la ejecución de los programas europeos por parte de la Diputación, la Olaf "entiende que existió la intención de favorecer al grupo Netaccede", en el que se integra SMA.

   La Olaf considera que los hechos de 2003 y 2004 recogidos en su informe "podrían ser constitutivos de ilícitos penales previstos en el Código Penal español, en particular el de prevaricación cometido por funcionario público y el de tráfico de influencias".

   La Diputación presentó su escrito de alegaciones el 24 de enero de 2013, pero el informe de la Olaf de septiembre concluye que las autoridades nacionales administrativas "deben adoptar las medidas pertinentes" y que "es necesario remitir el informe a las autoridades judiciales nacionales".

MOCIÓN

   El grupo del PSOE de la Diputación de Ourense presentó para su debate en pleno una moción "para depurar responsabilidades por la nefasta gestión de los fondos europeos en la Diputación de Ourense y en el Inorde", en relación a los proyectos Deputrans y Daredo, y también al de Estaciones vivas "que se puso en marcha hace diez años para recuperar estaciones ferroviarias en la provincia y hoy está sin terminar y con usos inapropiados", según detalló el portavoz socialista, José Ignacio Gómez.

   En rueda de prensa, Gómez explicó que tiene "sospechas" sobre la gestión del proyecto de las estaciones de tren "y está claro que el PP y el presidente de la Diputación no hacen más que bloquear la labor de fiscalización del grupo socialista y para ello no responden a muchas peticiones de información sobre esos proyectos".

   Los responsables de la nefasta gestión de los fondos europeos, para Gómez son el anterior presidente del Instituto Orensano de Desarrollo (Inorde) José Manuel Freire Couto y el gerente José Manuel Rodríguez. "Pues ellos son los que hacen que ahora los ourensanos paguemos con nuestros impuestos los fondos no subvencionables por Europa", ha subrayado.

   Por ello, los socialistas piden la dimisión como diputado del expresidente del Inorde José Manuel Freire Couto y la destitución del gerente José Manuel Rodríguez. El próximo pleno de la institución provincial se celebrará el viernes día 31 de enero a las 11,00 horas.

   Por su parte, la secretaria de Organización del PSdeG, Pilar Cancela, ha confesado su "ternura" por la preocupación mostrada por el PP hacia la provincia de Ourense y hacia los socialistas gallegos y, en este sentido, ha pedido "explicaciones" por la imputación de un funcionario en la Diputación de Ourense por la gestión de fondos europeos.

   De esta manera, ha criticado que los populares "aún no ofrecieron explicaciones" por los 1,5 millones de euros que la Diputación presidida por el PP "tiene que devolver, por irregularidades en la gestión de fondos", o por los diez millones que le reclaman por proyectos medioambientales.