Publicado 23/01/2014 20:53CET

BNG pide al juez llegar hasta el final y que imputar a unfuncionario de la Diputación de Ourense no sea "punto y final"

OURENSE, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo del BNG en la Diputación de Ourense instó al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense a llegar "hasta las últimas consecuencias" en su investigación de la gestión de los fondos europeos en los proyectos Daredo y Deputrans de la institución, y considera que la imputación del funcionario que elaboró las bases y certificó las obras no debe ser un "punto y final" en el procedimiento abierto.

El BNG presentó en el juzgado de Ourense, igual que el PSOE y en el mismo día 2 de octubre, la documentación remitida por el ministerio de Hacienda a la Diputación que incluyó el informe de la Olaf sobre la gestión de los 10,123 millones de euros que cofinanciaron la instalación de 104 minidepuradoras en varios municipios de la provincia.

En un comunicado, el grupo nacionalista considera que la imputación del jefe del servicio de aguas de la Diputación "corrobora los extremos señalados en el informe de la Olaf, cuando concluyó que las irregularidades detectadas en la adjudicación de las depuradoras, podrían ser constitutivas de ilícito penal" además de "contradecir" la versión del PP en la Diputación al decir que las actuaciones "fueron ajustadas a derecho".

Según el BNG, la imputación del funcionario no debe ser un "punto y final" ni convertirlo a él "en un chivo expiatorio" sino que debe significar "un paso más en el esclarecimiento de las distintas responsabilidades" de las personas que tuvieron directa o indirectamente, intervención en la toma de decisión.

"Desde el máximo respeto a los procedimientos judiciales, instamos al juez a que investigue hasta las últimas consecuencias, en aras de la clarificación necesaria de los culpables de la adjudicación del proyecto denunciado", añade el comunicado.

Además, como ya hiciera al presentar la denuncia en el juzgado de Ourense, el BNG reclamó que en caso de tener que devolver los 10,123 millones a Europa por su uso irregular "sean los responsables los que respondan con su patrimonio, de forma que los ciudadanos de Ourense no resulten doblemente perjudicados".