El fiscal respalda concluir el sumario sin procesamiento, "al no resultar debidamente justificada la comisión de delitos"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
El magistrado instructor del procedimiento incoado en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la diputada del PPdeG y exportavoz de este partido, Paula Prado, ha concluido el sumario y no ha encontrado "la comisión de delito alguno" por parte de la política popular, cuya causa fue elevada desde el juzgado que instruye la Operación Pokémon al alto tribunal gallego al ser aforada.
Según ha informado el TSXG, el sumario ha sido remitido a la Sala de lo Civil y Penal, compuesta por tres magistrados, para que continúe su tramitación, de forma que confirme o revoque el auto del juez instructor. En caso de confirmarlo, dará traslado a las partes para que se pronuncien sobre la procedencia de abrir juicio oral o decretar el sobreseimiento, pero si finalmente no hubiese parte acusadora, la sala sobreseerá y archivará la causa.
Además de la postura del instructor, el fiscal concluye que de la prueba practicada no se desprende "ilícito penal alguno", por lo que propuso concluir el sumario "sin procesamiento, al no resultar debidamente justificada la comisión de delitos", según informa el alto tribunal gallego.
En el auto, que fue notificado este miércoles, tanto el instructor como el Ministerio fiscal apuntan que se practicaron "cuantas diligencias se han estimado útiles y necesarias" para indagar sobre los hechos que motivaron que, el pasado mes de septiembre, la sala del TSXG acordase la apertura del sumario sobre Paula Prado, quien había dimitido a principios de junio de su cargo como portavoz del PPdeG, aunque se mantuvo como diputada autonómica.
INVESTIGACIÓN
A raíz de la exposición razonada que sobre Paula Prado había elevado en junio la instructora de la Operació Pokémon, Pilar de Lara, la sala del TSXG había decidido investigar a la política popular por tráfico de influencias y fraude a la Administración pública, delitos supuestamente cometidos cuando era concejala de Familia, Benestar y Emprego en el Ayuntamiento de Santiago.
En concreto, Prado fue investigada por, supuestamente, autorizar el pago de una factura del Ayuntamiento de Santiago con un sobrecoste de 3.000 euros por la representación del espectáculo 'La abeja Maya'; por influir en la contratación de personas en empresas concesionarias de obras y servicios del Ayuntamiento de Santiago cuando ella era, por su condición de concejala, responsable de la agencia local de colocación; y finalmente por su intervención en la resolución de dos expedientes abiertos a un local de ocio de la capital compostelana llamado 'Moon'.
En el escrito presentado por la Fiscalía sobre la procedencia o no de dictar auto de procesamiento, se indica que "el ilícito penal de posible aplicación es el delito de tráfico de influencias", mientras que "no procede la aplicación de otros ilícitos a los que se hacía referencia en la exposición razonada como el cohecho o la falsedad documental".
El magistrado instructor indica en el auto que el fiscal "analiza al pormenor desde la perspectiva de la ley y la jurisprudencia el delito de tráfico de influencias para descartarlo, en concreto a lo relativo al espectáculo la Abeja Maya, como a los conciertos celebrados en el local Moon, así como en las contrataciones de personal efectuadas por Sermasa (adjudicataria del concurso municipal de la escuela infantil de Salgueiriños)".
APARCADOS OTROS ASUNTOS
La exposición motivada remitida por Pilar de Lara al TSXG expresaba sus sospechas de que Paula Prado podría haber cometido delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y cohecho durante su etapa de concejal en el Ayuntamiento de Santiago.
No obstante, en su momento el TSXG ya no había apreciado indicios de delito en los otros tres hechos que relataba la jueza de la Pokémon en la exposición razonada, que contó con el aval de la Fiscalía. Esos casos que quedaron aparcados la relacionaban con la supuesta influencia, junto a otros concejales de Santiago, para beneficiar económicamente a su esposo en la venta de materiales textiles; también con la intervención a favor de una persona que había instalado una toma de agua clandestina; y con la petición al concejal de Tráfico de un permiso para aparcar su coche particular en la plaza del Obradoiro.
