Los populares defienden la concesión de dichos permisos por ser "un acto reglado" y con informes favorables
VIGO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Vigo dictó una sentencia por la que anula "íntegramente" las licencias de construcción y de actividad otorgadas a la empresa 'Centros Comerciales Carrefour, S.A.' el año pasado para la instalación de un hipermercado en la parcela de Finca do Conde, en la ciudad olívica.
El recurso contencioso administrativo en el que se solicita esta anulación fue presentado por los miembros del grupo municipal socialista, tras la aprobación por parte de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, en marzo de 2006, cuando Gobernaba el PP en el consistorio vigués, de dichas licencias.
El magistrado de la sala de lo Contencioso Administrativo fundamenta su decisión en los precedentes judiciales anulatorios que afectan al ámbito de Finca do Conde, donde se ubica el centro comercial, ya que el Tribunal Supremo ratificó las sentencias por las que se anuló el Plan Especial de Protección y Reforma Interior de este ámbito, así como los correspondientes proyectos de urbanización y de compensación.
Con estos antecedentes y, teniendo en cuenta que, tal y como señala el juez en su sentencia, "las licencias han de otorgarse de conformidad con las previsiones contenidas en la legislación y el planeamiento aplicable", el magistrado resolvió la anulación de estas licencias, otorgadas en 2006 por el que era vicepresidente del Consejo de la Gerencia de Urbanismo y concejal de esa área, José Manuel Figueroa (PP), actual viceportavoz de la oposición.
ESTIMACIÓN PARCIAL.
No obstante, la demanda se estima parcialmente, ya que los demandantes solicitaban también que se declarase la nulidad del PEPRI de Finca do Conde, extremo rechazado por el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vigo, porque su ilegalidad ya fue declarada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
La sentencia del juzgado vigués, que no aprecia motivos que determinen una especial imposición de costas procesales, es susceptible de recurso de apelación. Esta vía podría ser la utilizada por el Ayuntamiento vigués para alargar el proceso hasta que se apruebe el Plan General de Ordenación Municipal, con el que se puede resolver la situación ilegal de este ámbito urbanístico.
Por su parte, el ex concejal de Urbanismo del PP, José Manuel Figueroa defendió, en declaraciones a Europa Press, la concesión de dichas licencias en marzo de 2006 aduciendo que era un "acto reglado" al que el Gobierno local no podía oponerse si no quería incurrir en un delito de prevaricación, porque entonces "no había sentencias firmes del Supremo y el PEPRI no estaba definitivamente anulado". Además, recordó que dichas concesiones contaban con el visto bueno de los servicios jurídicos del Ayuntamiento vigués.
