SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión (A Coruña) ha pedido información bancaria y datos sobre las cuentas de Viticultores do Castro, la entidad ourensana que contrató a la presunta agente electoral del PSOE con fondos de la Consellería de Traballo --entonces liderada por el socialista Ricardo Varela--.
Así lo reveló hoy el PPdeG, que ya anunció ayer que el máximo responsable de esta entidad, Darío Rodríguez, ha sido citado para comparecer en sede judicial en calidad de testigo el próximo día 2 de septiembre junto con el representante legal de la organización, David Fernández Ojea, que es, además, concejal del PSOE en Piñor.
En cuanto a la petición del juzgado instructor de la causa, según los populares, tres bancos y cajas deberán aportar información sobre los movimientos de saldo efectuados por los responsables de Viticultores do Castro, así como de sus ingresos, cobros y personas autorizadas.
Para el portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, el análisis de las cuentas de la "asociación fantasma" constituye "una vuelta de tuerca más" en un proceso que "está estrechando el cerco sobre el PSOE y en el que están implicados altos dirigentes socialistas de la actual y pasada dirección". De hecho, al margen de los dos responsables de Viticultores do Castro, están llamados a declarar el ex secretario xeral de Emigración, Manuel Luis Rodríguez, y el ex director xeral de Promoción do Emprego, Álvaro Ansias.
"La Justicia tratará de arrojar luz sobre la financiación de esta organización, utilizada como tapadera por el PSOE para financiarse, supuestamente, de forma irregular", interpretó el número tres de los populares gallegos, quien explicó que la investigación judicial se está centrando en "el desvío de subvenciones públicas para financiar los gastos de campaña" de los socialistas.
ANTECEDENTES
El caso que ahora instruye el Juzgado de Corcubión fue destapado, a principios de 2008 por el PPdeG, que denunció que la Xunta liderada por PSdeG y BNG pagó con fondos públicos un billete de avión a una agente electoral socialista para que viajase a Argentina entre el 2 de abril y el 23 de mayo, justo antes de las pasadas elecciones municipales.
En un primer momento, los populares solicitaron una comisión de investigación en el Parlamento gallego pero, convencidos de que el Gobierno gallego "tapó" ciertos asuntos, decidieron llevar el caso a los tribunales.
Así, denunciaron que el entonces conselleiro de Traballo y secretario de Organización del PSdeG, Ricardo Varela, "permitió" que la asociación Viticultores do Castro "incumpliese las condiciones de la subvención" y "financiase a través de fondos públicos a una agente electoral".
Los populares dan por probado que esta agente electoral, María Isabel Blanco, no trabajó para la entidad ourensana sino para el entonces candidato socialista y responsable de Unións Agrarias en Costa da Morte, Félix Porto, a través de este sindicato. Precisamente, el regidor de Muxía fue imputado en este caso por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y fraude en subvenciones.
