Más de 3.500 profesores gallegos "plasman su rechazo" a la Ley de Convivencia y Participación Educativa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.500 profesores gallegos manifiestan su "rechazo" a la propuesta de Ley de Convivencia y Participación de la Comunidad Educativa, elaborada por la Xunta, a través de la campaña de recogida de firmas impulsada por la CIG-Ensino.

Esta normativa regula diferentes aspectos de la asistencia al aula, como puede ser la vestimenta, y permite la realización de consultas a las familias sobre diferentes temáticas --como el idioma--, un aspecto que el Consello Consultivo de Galicia había rechazado en la redacción inicial del decreto del plurilingüismo en la enseñanza tras constatar una falta de cobertura legal para llevarlas a cabo.

En total han sido 3.512 firmas de docentes que el secretario nacional del sindicato, Anxo Louzao, hizo entrega este martes en el Rexistro Xeral de la Xunta de Galicia. La central solicita la retirada del texto actual y la apertura "real" de "un proceso de negociación y participación" que cuente "con el profesorado y los sectores afectados", pues denuncian que la redacción actual de la norma "está privada" de la opinión de la comunidad escolar.

Según consideró Louzao en declaraciones a los medios, el texto "parte de una realidad ajena a la gallega" y se elaboró en base a "la parte más extrema del Partido Popular" y a normas similares aplicadas en la Comunidad de Madrid. "No pretende ni mucho menos buscar soluciones educativas" o "formativas", afirma, sino aplicar medidas "represivas" y de forma "autoritaria".

En este sentido y si se pretende "reforzar la autoridad" y que la "convivencia sea mejor", a pesar de la "baja intensidad" de la conflictividad en las aulas gallegas, Louzao ha aclarado que "hace falta más profesorado", "reducir alumnos" por clase y "más personal especialista". "No se puede decir eso si se está negando día a día profesorado para sustituciones y si el profesorado tiene que hacer funciones que no le corresponde o impartir materias de las que no es especialista".

Por ello, "si hubiera voluntad real" para conseguir ese objetivo, la Consellería "estaría hablando de una ley del sistema educativo" que proponga "más recursos" a los centros gallegos.

LEY "TRAMPA"

El portavoz nacional de la CIG-Ensino ha incidido en que la "mal llamada Ley de Convivencia" tiene "el objetivo real y único" de "minorar la presencia del gallego en la enseñanza". En concreto, lo hará a través del apartado que regula la "participación" de la comunidad escolar, elaborado para "dar respaldo legal a futuras consultas" sobre el idioma de las materias.

"No se preguntará si debe haber servicios complementarios, si quieren reducción de alumnos por aula, si quieren más profesorado. Está claro ese objetivo pernicioso en contra de lo que dijo en su día el Consello Consultivo", afirma.

Louzao aclara que esta estrategia "se verá en septiembre, cuando la Administración quiera respaldar su política lingüística mediante consultas que ni siquiera tendrán transparencia, ni criterio democrático, ni se optará para mejorar el sistema educativo".

Por esta razón, opina que "no es una ley para reforzar la figura de la función docente", sino que la Xunta aprovecha ese rango de norma para evitar "recurso ordinario" que frene el proceso de consulta. "Sólo se puede recurrir a través del Constitucional" y sólo puede hacerlo "el parlamento, el Valedor do Pobo o "partidos con más de 50 diputados en la Cámara del Estado". "Esa es la gran trampa del Partido Popular", afirma.

Ante esta situación, "no se descarta" continuar las movilizaciones iniciadas durante la toma en consideración de la Ley en la Cámara gallega y ha señalado que la entrega de más firmas en contra de la norma "dependerá del ritmo de los centros", donde han celebrado "más de 1000 asambleas".