El PPdeG reconoce que no es "deseable" y recuerda que la ley permite "inhibirse" de la fiscalización si se participó en la acción analizada
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los grupos de la oposición --PSdeG, AGE y BNG-- han cuestionado la continuidad de Dositeo Rodríguez como conselleiro de Contas (cargo designado por el Parlamento) tras su imputación en la investigación sobre la Fundación Camilo José Cela, aunque los socialistas se han mostrado "prudentes" y no han solicitado su dimisión, como sí han hecho las otras dos fuerzas políticas.
Al margen de la petición de explicaciones, el Bloque ha solicitado abrir una comisión de investigación sobre el uso de los fondos públicos de esa entidad que fue rescatada por la Xunta en 2010, cuando estaba en quiebra. Se da la circunstancia, asimismo, de que el Consello de Contas tiene que fiscalizar las cuentas de esta entidad en su plan de trabajo. Esta petición ha sido respaldada por AGE.
Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha reconocido que "ciertamente" no es una situación "deseable" que un miembro del Consello de Contas esté imputado para contribuir a la mantener la imagen y el prestigio de las instituciones, y ha reiterado que los populares estarán atentos a la evolución judicial.
La imputación del miembro del Consello de Contas tiene que ver con la marcha del que era director gerente de la entidad, Tomás Cavanna, al respeto de lo que la jueza sospecha que hubo una "simulación" de despido, para "beneficiar económicamente" a esta persona.
RESCATADA POR LA XUNTA
El patronato de la fundación aprobó en 2010, por unanimidad, un despido y una indemnización de 150.000 euros, que formaron parte de la cuantía del plan de viabilidad de la fundación. Para garantizar el futuro de la Camilo José Cela, la Xunta firmó su una addenda al convenio que mantenía con la entidad, lo que supuso un rescate con 230.000 euros, en los que se incluyó este despido y pasó a ser una entidad pública.
Preguntado en rueda de prensa por si considera ético que más de la mitad del dinero que se usó para rescatar la fundación se emplease para el pago de una indemnización de uno de los trabajadores y si cree que debería extenderse esta práctica a otras empresas en quiebra en las que sus trabajadores no cobran sus despidos, Pedro Puy contestó que era una "cuestión de 2010 y que, por lo tanto" él no tenía "nada que decir" salvo que el objetivo de la Xunta fue "mantener un patrimonio cultural en Galicia, que cada uno puede valorar en términos económicos como estime conveniente".
"Yo no participé en la decisión y no conozco nada más que algunos de los detalles que se están dando estos días, y cuando no conozco a fondo un tema, no me gusta dar juicios éticos ni establecer términos de comparación cono ninguna empresa que no sé en qué términos se encuentra. Por lo tanto me voy a excusar de hacer un juicio ético", ha concluido.
SOBRE LA PERMANENCIA DE RODRÍGUEZ
Pedro Puy, que ha manifestado desconocer si Dositeo Rodríguez todavía milita en el PP (es habitual que los miembros del Consello de Contas causen baja de sus partidos al ser elegidos), se remitió también al comunicado de prensa emitido por la Xunta en el que dijo que la indemnización se había pagado en un contexto de "reducción drástica de gastos" de personal.
En cuanto al hecho de que Contas tendrá que fiscalizar las cuentas de la fundación, Pedro Puy ha indicado que "parece obvio" que en este caso, "hay motivo para que el conselleiro deba inhibirse en la participación del informe", como así lo recoge la ley que regula este órgano.
Pero en cuanto a si debe dejar el puesto, ha aclarado que el Parlamento no puede revocar el nombramiento y ha apelado a la reflexión que había realizado previamente Xosé Manuel Beiras (AGE) para indicar que deben ser "reflexiones personales" las que propicien dejar ese puesto.
EL PSDEG PIDE EXPLICACIONES A LA XUNTA
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Méndez Romeu, ha manifestado que su grupo está "esperando un tiempo prudencial", con el fin de que la Xunta dé "una explicación", ya que había miembros de la administración autonómica en la reunión en la que se aprobó el despido de Tomás Cavanna.
Concretamente, estaba el entonces conselleiro de Cultura, Roberto Varela, y el de aquella secretario de la Presidencia de la Xunta y hoy conselleiro de Facenda del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, Valeriano Martínez.
De hecho, la jueza instructora ha manifestado que, una vez tome declaraciones a los cinco imputados llamados a declarar en julio, se determinará "la intervención" de estas personas en la decisión de la junta, y ya ha pedido a la UDEF que localice sus domicilios de los dos miembros de la administración que formaron parte de aquella reunión, junto con la de los otros integrantes, entre los que también se encontraban el exrector de la USC Senén Barro.
CUESTIÓN DE ÉTICA
En cuanto a su permanencia, Méndez Romeu ha manifestado que "antes de condenar a alguien" a él le gustaría tener "una posición oficial" del Gobierno gallego, y ha insistido en que "en el proceso de toma de decisiones estaban miembros" del Ejecutivo autonómico, por lo que se ha preguntado si "no se enteraban de lo que hacían sus representantes" y "con qué informes jurídicos".
Por su parte, el portavoz de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Xosé Manuel Beiras, cree que "la propia persona" debería tomar la decisión, y ha apelado a que es una cuestión de "ética", que "ya se sabe como funciona en el PP".
Asimismo, ha recordado que el Consello de Contas es el organismo que tiene que fiscalizar a la Xunta de Galicia, por lo que ha concluido, tras una reflexión más prolongada, que "ya no es esperpento, sino paranoia".
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
En este escenario, tras la reunión de la Xunta de Portavoces de este martes, el portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, ha recordado que los nacionalistas han "denunciado oel oscurantismo y la falta de transparencia" de la fundación, y ha apelado a las solicitudes realizadas para que "el sector público se desvincule" de la entidad que homenajea al Nobel gallego.
Para el dirigente nacionalista, el auto de la jueza que instruye la causa en la que se investiga malversación y apropiación indebida, suponen "nuevos datos que no hacen sino corroborar las denuncias hechas".
Por ello, el BNG, que cuenta para ello con el apoyo de AGE, ha pedido una comisión de investigación en la Cámara gallega, al respecto de lo que se ha dirigido a la Mesa del Parlamento para que la ponga en marcha. Méndez Romeu también se ha sumado a la petición de aclaraciones al respeto de qué cantidad de dinero destina la Xunta a la fundación y con qué fines se utiliza.
La respuesta ha sido que se abordará en la próxima reunión de portavoces, mientras que los nacionalistas se reservan la posibilidad de impulsar iniciativas para que se vote en la Cámara su creación.
El Bloque tiene la posibilidad de aliarse con AGE para solicitar su debate en el pleno, ya que solos no reúnen el número de diputados suficientes. Pedro Puy, por su parte, ha indicado que "analizarán" la iniciativa cuando se presente.
