La oposición pide la devolución la Ley de prevención de alcohol por "sancionadora y prohibicionista"

EP/PARLAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición --PSdeG y BNG-- han reclamado la devolución del proyecto de Ley de Prevención de Consumo de Bebidas Alcohólicas en Menores, que eleva de 16 a 18 la edad mínima para consumir bebidas destiladas y fermentadas, por constituir un texto "esencialmente recaudatorio, sancionador y prohibicionista", al tiempo que no aporta, según constatan, medidas educativas de prevención y carga a los ayuntamientos con más responsabilidades. No obstante, la titular de Sanidade, Pilar Farjas, defiende que se trata de una normativa cuya finalidad es educativa y de concienciación social.

En estos términos se ha desarrollado el primer debate de este texto que comienza ahora su tramitación parlamentaria, pese a que los grupos de la oposición han pedido su devolución al Gobierno. Tanto socialistas, como nacionalistas, opinan que esta norma es innecesaria y creen que las leyes vigentes serían suficientes para tratar de combatir el consumo en menores, por lo que han instado a la conselleira a "gobernar" en lugar de buscar una nueva legislación "propagandística".

Postura contraria fue la mantenida por la diputada popular Ángeles Díaz Pardo, quien ha enfatizado que se trata de una normativa "necesaria que no hizo el bipartito" y ha destacado la importancia de diferenciar, en ella, el alcohol del consumo de otras sustancias --como las drogas ilegales--.

"Educación, educación, educación", contrapuso la parlamentaria nacionalista Ana Luísa Bouza al texto que este martes ha presentado Farjas en el Parlamento. La diputada del Bloque constata que se "aborda de forma muy limitada" la problemática del alcohol y recuerda que sobre el colectivo objetivo de la normativa (menores de 14 años, edad de inicio del consumo) no hay ninguna variación, puesto que en la actualidad ya no pueden beber alcohol.

"Es un mensaje engañoso, pintan el problema en una ley, pero no lo abordan", ha criticado Bouza, quien resume la normativa en "sancionadora, prohibicionista y recaudatoria. Si bien ha matizado que comparte la exposición de motivos y la necesidad de reducir el consumo de alcohol, advierte de que lo que "necesitan es gobernar, no una ley".

"REPRESIÓN, SANCIÓN"

En esta línea intervino el socialista Modesto Pose, quien ha lamentado que es "muy típico de la derecha y de la Consellería de Sanidade ante un problema: Represión y sanción". "Es de catecismo, una conducta mala: Sanción y penitencia", ha ilustrado el parlamentario del PSdeG, quien ha señalado que de 39 artículos, 19 son para establecer infracciones.

En concreto, la normativa recoge sanciones que oscilan entre los 600 euros y 600.000 en el caso de las infracciones leves y muy graves, respectivamente. Una de las novedades que Sanidade relaciona con el carácter preventivo de la normativa es la inclusión de la posibilidad de sustituir las sanciones por realización de actividades educativas o sociales.

Los infractores adultos pueden sustituir la sanción por realización de trabajos o actividades en beneficio de la comunidad; y las sanciones a menores de edad pueden sustituirlas por realización de programas preventivos de carácter formativo, informativo o de tratamiento que sean compatibles con la actividad escolar.

Además, Modesto Pose ha fijado gran parte de sus críticas en el hecho de que con esta normativa "se va a complicar a los ayuntamientos" y le reprocha que "no regule" el 'botellón'. "Le traslada la patata a los ayuntamientos", reprueba el diputado del PSdeG sin olvidar decir que "los socialistas gobiernan en las ciudades" gallegas.

Los grupos de la oposición también se fijaron en la necesidad de dotar de herramientas educativas y de formación, a docentes y sanitarios, para trabajar en la prevención del consumo de alcohol. Al respecto, avisaron de que ello no se consigue "reduciendo" profesorado y "sin partidas" presupuestarias para ello.

"FUTURO EN PLENITUD"

De forma previa a las críticas de los grupos de la oposición, Pilar Farjas intervino para presentar el "porqué y para qué" de esta normativa y ha ensalzado que la normativa tiene como objetivo dar la oportunidad de "ofrecerles un futuro en plenitud a todos esos gallegos que hoy se encuentran en construcción".

"La ley quiere convertirse en un mensaje social claro de rechazo a este tipo de conductas claramente perjudiciales para los menores y que comprometen su futuro en salud", ha advertido la conselleira, quien ha indicado que el "fracaso escolar" puede estar detrás, en algunos casos, detrás del consumo.

Queda prohibida la venta, suministro o ingesta de alcohol en centros docentes y espacios destinados a actividades deportivas cuando las instalaciones estén destinadas a menores o sus usuarios formen parte "mayoritariamente" de ese colectivo. Tampoco se podrá vender en las máquinas expendedoras.

En cuanto a las competencias de las administraciones locales, el articulado recoge que les corresponde el establecimiento de requisitos para la autorización de los establecimientos que venden bebidas alcohólicas y los criterios y condiciones del consumo de alcohol por adultos en los espacios de dominio público.

DATOS CONSUMO

Farjas basó su intervención en la necesidad de evitar el consumo de alcohol en los menores. Esta normativa, además de elevar a 18 la edad mínima para cualquier tipo de bebida, también limita la promoción y publicidad y venta de estas sustancias.

Asimismo, la conselleira ha recordado que según la Estadística Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (2008), el 81,2 por ciento de los escolares entre 14 y 18 años probó alguna vez el alcohol, mientras que la edad media de inicio se mantenía en los 14 años, siendo el consumo principal los fines de semana.

Farjas ha sumado a estos datos el "problema del policonsumo", puesto que el 45 por ciento de los adolescentes que consumen alcohol, también fuman; el 38 por ciento, cannabis; y el 5 por ciento, cocaína. Un dato "preocupante", ha señalado, es la percepción de riesgo en los adolescentes, ya que sólo el 50 por ciento considera que el consumo de seis copas en un fin de semana es una conducta de riesgo.