SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento de Galicia, con los votos a favor de los tres grupos, aprobó una iniciativa para instar a la Xunta a trabajar conjuntamente con el Gobierno central para reclamar ante los organismos internacionales un aumento de la cuota de capturas de bacalao de la flota gallega en las Islas Svalbard (Noruega) y garantizar, de este modo, su "viabilidad". Además, reclama que se trabaje en la "diversificación y búsqueda de nuevos caladeros".
Así, en la proposición no de ley propuesta por el diputado nacionalista Bieito Lobeira y enmendada por el socialista José Manuel Lage Tuñas, también se demanda que órganos multilaterales participen en la vigilancia conjunta de este caladero, tras las retenciones por parte de la autoridades Noruegas en los últimos meses de buques gallegos por supuesta pesca ilegal.
Lobeira denunció la situación que viven los barcos gallegos que faenan en el país nórdico, al que acusó de "sacrificar la legalidad internacional en función de sus intereses petrolíferos". En este sentido, atacó también al Gobierno central, por "no responder con ninguna medida de carácter práctico" y por "abdicar de la defensa del sector".
Además, rechazó que el "problema" sea la escasez de recursos marítimos, "sino su distribución entre las distintas flotas" y añadió que Galicia "no cuenta con voz ni voto en este proceso". De este modo, criticó a la Unión Europea por "discriminar" a la comunidad en la repartición de las cuotas y citó varios caladeros donde los barcos gallegos no tienen autorización para faenar y otros países sí, como en Groenlandia, en las Islas Feroe en la Isla del Mar del Norte.
ACUERDOS INTERNACIONALES.
No obstante, el socialista Lage Tuñas puntualizó que no es la UE la que decide el reparto de las toneladas que se puedan extraer, sino que es una comisión mixta en la que también participan Rusia y Noruega. Agregó que España cuenta con el 50% de la cuota total a la que tienen acceso los 27 países de la UE.
En la iniciativa se pide a la Xunta que, con el Gobierno español, defienda la vigencia del Tratado de París de 1920, según el cual, Noruega no dispone de plena jurisdicción sobre estas aguas, y que se adopten medidas ante este país "desde el punto de vista político, jurídico, comercial o económico". "Hay que pararle los pies, evitar que acose a los buques gallegos y que se atenga a la legalidad internacional", enfatizó el diputado del BNG.
También se alude a las condiciones laborales de los marineros y se exige la puesta en marcha de medidas para mejorar esta situación. En esta línea, la iniciativa reclama el impulso a la negociación de un convenio colectivo gallego para el sector.
Por su parte, el diputado 'popular' José Manuel Balseiro, que en principio anunció el voto en contra si se incluían las enmiendas del PSdeG --que tachó de "vacías"--, criticó a la Consellería de Pesca por su "absoluta dejadez" con respecto al apresamiento de buques gallegos. "No se hizo ninguna gestión, fueron los armadores y los marineros los que tuvieron que denunciar esta situación", reprobó. No obstante, el PP votó finalmente a favor de la iniciativa.
TEMPORALIDAD.
Por otra parte, los grupos que sustentan al bipartito rechazaron una proposición no de ley de los 'populares' en la que se instaba a la Xunta a tomar medidas para reducir la temporalidad laboral. Así, la diputada de la oposición Susana López Abella pidió que se establezca un control sobre este tipo de modalidad contractual, la mejora de los sistemas de orientación laboral, o el incremento de oficinas de empleo.
En cambio, la socialista Margarita Pérez replicó que estas actuaciones "ya están en marcha o previstas" y achacó a los anteriores gobiernos del PP la actual situación, aunque puntualizó que desde la llegada del bipartito "se está aumentando la contratación indefinida".
Por su parte, el parlamentario del Bloque Fernando Blanco Parga también criticó la gestión de los Ejecutivos de Manuel Fraga y reivindicó la creación de un marco gallego de relaciones laborales como "única vía de mejorar las condiciones de los trabajadores gallegos" Así, censuró los acuerdos firmados en el ámbito estatal por el Gobierno --de PP y de PSOE--, la patronal y sindicatos porque "discriminan a la clase trabajadora del país".