Foto: ROSA VEIGA
OURENSE, 20 Mar. (EUROPA PRESS -
El PP municipal de Ourense denunció en la Fiscalía que el alcalde, el socialista Agustín Fernández, pagó la urbanización de la parcela de su casa con fondos públicos del Plan E y aportó documentación para que se indaguen posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
En rueda de prensa, el portavoz del PP, Rosendo Fernández, acompañado por la también edil Mónica Mourelo, mostraron una foto de la vivienda del alcalde, y reclamaron su dimisión inmediata porque, según aseguraron, participó en la Junta de Gobierno celebrada en marzo de 2009 que aprobó la urbanización de la calle Clara Corral Aller con fondos del plan E.
En Fiscalía, el PP aseguró que aportó la documentación correspondiente y las actas de las juntas de Gobierno y un informe sobre el plan E en la ciudad, que también mostró en la rueda de prensa.
TERRORISMO POLÍTICO
Ante las acusaciones, en otra rueda de prensa una hora después de la del PP, el alcalde de Ourense, el socialista Agustín Fernández, ha calificado de "terrorismo político" la actuación del PP al llevar a la vía de lo penal "un tema administrativo y personal".
La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, acompañada por Agustín Fernández, ha detallado el procedimiento administrativo que siguió la construcción de la vivienda del actual regidor, desde que pidió licencia de ocupación y de urbanización en 1991. Por su parte, el alcalde dijo sentirse "indignado" y, visiblemente enfadado, se preguntó: "¿Por qué tendría que abstenerme en la junta de gobierno que aprobó la urbanización con fondos públicos de una calle en la que vivimos más de 20 vecinos?".
Al respecto, ha argumentado que si el PP da por hecho que debe ser así, tendría que abstenerse también "en todas las Juntas de Gobierno que decidan sobre el Plan General urbanístico o sobre la basura", por ser en todos esos temas parte implicada, "como cualquier vecino de la ciudad", y ha recordado que su calle "y cientos más en Ourense y toda España" se urbanizaron con cargo al plan E, "y en muchas también vivirán políticos".
"No existe responsabilidad penal; lo que cuenta el PP es mentira y acoso político", ha reprobado.
AGRAVIO COMPARATIVO
En su comparecencia, el portavoz del PP, Rosendo Fernández, ha precisado que el alcalde abonó el aval-fianza obligatorio para garantizar que el propietario particular urbaniza el espacio correspondiente a su casa --el frente y hasta la mitad de la calle, en este caso-- por lo que pagó 10.633 euros, y construyó su casa en 2005.
En la junta de gobierno del 5 de marzo de 2009, Agustín Fernández era edil de Facenda y aprobó, "dentro de la unanimidad de la junta, las obras de urbanización de su calle y éstas fueron recepcionadas por el Ayuntamiento de Ourense en octubre del mismo año", ha explicado el portavoz del PP. Dos años después, "el vecino Agustín Fernández pidió la devolución del aval y se le devolvió, con los informes técnicos favorables pues las obras estaban efectivamente ejecutadas, pero se obvió que se hicieron con fondos públicos", agregó.
En ese sentido, aludió al "agravio comparativo" que supone que de, sus otros dos vecinos, uno reclamase también la devolución del aval, y lo consiguió tras recurrir la primera negativa municipal, pero un tercer vecino, que también la pidió "aún está esperando por ella porque hubo un cambio del técnico que hacía los informes, a medida, y el nuevo técnico dijo que no a la devolución".
También criticó, y dijo que iba en la documentación destinada a la Fiscalía, que el alcalde tuviese que pagar 25.000 euros de aval pero que consiguiese pagar finalmente sólo la mitad, "porque recurrió el primer importe diciendo que su calle era un vial sin salida".
Calificó el comportamiento de Agustín Fernández como "poco ejemplarizante" en el que consiguió "un bingo en toda regla" y pidió su "dimisión irrevocable", por "ética política, coherencia profesional y dignidad personal".
VEINTE VECINOS Y UNO ILEGAL
Por su parte, el regidor Agustín Fernández replicó, una hora después, que en su calle son más de 20 vecinos, muchos residentes en casas antiguas porque vive en un barrio creado a partir de un pueblo rural a diez minutos del centro de la ciudad de Ourense. "Y de los que pagaron urbanización, todos recibieron la devolución salvo uno, el que dice el PP, porque no tiene licencia de ocupación al contar con una altura de cornisa ilegal", ha afirmado.
Relató todo el proceso de su vivienda, desde que pagó licencia de ocupación de una parcela en 1991 "cuando gobernaba el PP", y pagó "un aval de urbanización durante veinte años porque no permitían urbanizar", ya que había un proyecto "inejecutable debido al cambio en la alineación de las viviendas, incluido en el PGOM de 2003".
"Pedí reducción del aval porque se equivocaron en el primero que me impusieron, pues correspondía a la urbanización de todo el espacio que rodea mi casa cuando en realidad yo tenía hacer sólo la del frente y hasta el medio de la calle", añadió, y recordó que pagó los gastos de mantener el aval durante 20 años, construyó en 2005 y en 2009 se urbanizó la calle con el plan E porque fue una petición de los vecinos, como en cien calles más.
Tanto la edil de Urbanismo como el alcalde incidieron en el hecho de que los vecinos de Ourense no pagan contribuciones extraordinarias, cuando se urbaniza una calle, y ese coste es asumido por el Ayuntamiento con cargo al plan E, o a la Xunta, según dijeron.
VERGÜENZA E INDIGNACIÓN
El regidor de Ourense calificó de "vergonzoso" que un partido político "haga penal un tema administrativo" y dijo sentirse "indignado" porque en su vida actúa "como un vecino más". Asimismo, acusó al PP de "estar dispuestos a usar cualquier cosa para destruir a las personas, ya no a los partidos".
"Cuando no hay ideas ni proyectos se hurga en la vida particular de las personas y no lo voy a admitir", aseguró, y añadió que ejecutará "las acciones legales oportunas ante estas denuncias infundadas sobre temas administrativos que son lo más común para cualquiera".
Expresó, finalmente, su disposición a explicar "lo que sea necesario" al fiscal "cuantas veces crea necesarias" y su respeto a la actuación judicial.
