El PSdeG acusa a la Xunta de usar fondos públicos para desguazar 37 buques y "pagar favores" a armadores de Vigo

Actualizado: jueves, 18 junio 2009 16:22

El PP buscará en el pleno enmendar una iniciativa socialista para crear una mesa de diálogo que lidere el Ministerio de Medio Marino

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Pesca del PSdeG en el Parlamento, Marisol Soneira, acusó hoy a la Xunta de utilizar fondos públicos para desguazar 37 buques pesqueros a través del Plan de Adaptación da Flota y, de este modo, "pagar los favores" a la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI).

"Que lo hagan con recursos del PP, no de todos los gallegos", reprobó, tras equiparar la aprobación de 37 desguaces con la "aprobación de 37 expedientes de regulación de empleo" e interpretar que responde a la necesidad de "salvar los números de una empresa".

Además, para la socialista, esta decisión "va contra los intereses de Galicia", puesto que los 45 millones de euros del citado plan se destinarán a los armadores y "excluirán" a los marineros que pierden sus trabajos y porque sus fondos se detraerán de las ayudas a la modernización de buques y del desguace de otros "viejos e inseguros".

De hecho, hizo especial hincapié en lo "injusto" de esta medida, que no se enmarca en un concurso público, sino que parte de "una negociación de la Xunta con un determinado colectivo". "Nos negamos rotunda y radicalmente a que el Gobierno gallego incentive el paro a costa de la modernización de la flota gallega con un modelo caciquil y discrecional", advirtió.

AFECTACIÓN AL SECTOR

Marisol Soneira indicó que el Plan de Adaptación da Flota afectará a buques de arrastre de fondo en aguas comunitarias, de palangre de superficie de aguas internacionales y caladero nacional y congeladores de aguas internacionales y terceros países.

"Son buques relativamente nuevos, construidos y modernizados con fondos europeos, estatales y la comunidad autónoma", evidenció, al tiempo que alertó de que algunos segmentos tienen derechos de pesca y que, si la Xunta no incentiva su compra, irán a parar a otras autonomías y "Galicia perderá posiciones relativas en su capacidad pesquera".

También recordó la diputada socialista que en 2009 había una partida "preparada" para incorporar a la Orden de Ayudas de Paralización Definitiva del Fondo Europeo de Pesca convencional de 11,7 millones de euros, que no se firmará para destinarlo al desguace de estas naves.

PRÓRROGA DEL CENSO DE LA FLOTA

Por otra parte, Marisol Soneira presentó en rueda de prensa una proposición no de ley que será debatida en el próximo pleno en la que se reclama al Gobierno central la adopción de una prórroga del censo de la flota pesquera, que concluye en junio.

Esta normativa tiene como objetivo regular y actualizar las inscripciones en el Registro de Buques y Empresas Navieras del Ministerio de Fomento y en el Censo de la Flota Pesquera Operativa, que depende del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

En todo caso, debido a la existencia de "un retraso no imputable a los propietarios", en caso de que no se prorroguen los plazos, la flota gallega se vería abocada a un "práctico cierre patronal". "Muchos podrían quedar fuera de actividad por una cuestión burocrática", alertó la diputada socialista.

ENMIENDA DEL PPdeG

A este respecto, el PPdeG buscará enmendar en el próximo pleno, que se celebrará los próximos martes y miércoles, la proposición no de ley impulsada por los socialistas con el objetivo de incluir la "creación de una mesa de diálogo con el sector" para dar solución a los problemas originados por el proceso de regularización de las embarcaciones de bajura.

Coinciden con el PSdeG en la necesidad de ampliar el plazo, según explicó en rueda de prensa el portavoz del grupo del PPdeG en la materia, José Manuel Balseiro, quien rehusó fijar el tiempo de prorroga para este trámite a expensas de conocer la situación de las 2.200 embarcaciones afectadas.

José Manuel Balseiro precisó que la mesa de diálogo deberá servir para "asegurar la uniformidad y coherencia" de los aspectos legales de la regularización y de sus consecuencias administrativas para los barcos. En ella, además de los representantes del sector y del ministerio, el PPdeG pide que participen otros agentes como la Dirección Xeral de la Marina Mercante y la propia Consellería do Mar.

Tras aseverar que el PP "no está en contra" de la normativa que implica esta regularización, Balseiro censuró que haya embarcaciones "condenadas a las irregularidades" debido a que el plazo está terminando "y nada se ha hecho para solucionar" los problemas derivados de este procedimiento.

BUSCAR "RESPONSABILIDAD"

El diputado del PPdeG alertó acerca de que "una gran mayoría" de las embarcaciones no inició el trámite y avisó de que "en este momento no hay ningún expediente que esté terminado. "La Administración pesquera no puede ser un gigante burocrático que condene a una gran parte de la flota a la marginalidad administrativa o a la inviabilidad legal", apostilló.

En el sentido de buscar "responsabilidad" va la enmienda del PPdeG, según explicó el defensor de la iniciativa, quien entendió que los populares "son más ambiciosos" en su propuesta al insta a la creación de una mesa de diálogo.

Asimismo, lamentó que se hubiese producido la situación actual y recordó que las dificultades del proceso "ya eran conocidas" --se inició en 2007-- por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los gestores de la antigua Consellería de Pesca (ahora do Mar), pero "no se hizo lo suficiente" para solucionarlo, concluyó Balseiro.

ESTADO DE LAS RÍAS

Por último, preguntada por los periodistas por las críticas del conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, a la política de saneamiento de las rías del bipartito; Marisol Soneira interpretó que "no debió estar tan mal cuando todos los proyectos anunciados por él proceden de la época de Manuel Vázquez". "Y no tuvo reparo en admitirlo", apostilló.

Además, pidió a la Consellería do Mar que "renueve" los convenios con colectivos de mariscadores de zonas C --que tienen moluscos no aptos para la comercialización--, que puso en marcha el anterior Ejecutivo gallego para que las mariscadoras "puedan trabajar en la recuperación de los bancos y lleven una renta digna a sus casas".