El BNG ve "financiación ilegal del PP" y también pide explicaciones por la actuación del jefe territorial de Medio Ambiente en Pontevedra
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo Socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, reclamó hoy que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) "actúe de oficio" e investigue la concesión de obras en el ayuntamiento pontevedrés de Gondomar, tras la declaración judicial del ex edil José Luis Mosquera, quien admitió ayer haber cobrado 540.000 euros a promotores a cambio de convenios urbanísticos para financiar la campaña del PP en Uruguay y a un grupo de independientes escindidos de las filas socialistas.
Sin embargo, tras la Xunta de Portavoces, su homólogo del PPdeG, Manuel Ruiz Rivas, subrayó que este caso está "en manos de la Justicia" y, debe ser el poder judicial el que dirima si las declaraciones realizadas por el ex edil del PP se corresponden con la realidad o forman parte de "una defensa" en sede judicial.
Para los socialistas, que se comprometieron a remitir "toda la documentación" de la que disponen a la Fiscalía, el caso de Gondomar debe suponer una "actuación de oficio" de la APLU, porque esta institución y el Ayuntamiento pontevedrés tienen un convenio. "Debe abrir una investigación porque no se trata sólo de cómo está actuando la Justicia o el Pacto Antitransfuguismo", aseveró Xaquín Fernández Leiceaga.
En su opinión, la Axencia da Legalidad Urbanística debe "aclarar" las decisiones adoptadas en el Ayuntamiento de Gondomar y dirimir si estuvieron "condicionadas" por las razones esgrimidas en la declaración judicial de Mosquera y, por lo tanto, vinculadas con "el pago a cargos públicos para que actuasen en determinadas direcciones", apostilló.
ACLARARLO LA JUSTICIA
Al respecto, Ruiz Rivas se limitó a explicar que, en el ámbito judicial, "uno de los principios del Derecho es la defensa", por lo que entendió que la Justicia será la que "diga lo que ocurrió allí", motivo por el que quiso diferenciar este caso del atribuido por los populares al secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, por promover, supuestamente, la creación de 28 entidades "fantasma" para captar fondos públicos.
"Que la sentencia diga claramente qué ocurrió", siguió el dirigente popular, quien incidió en que este tipo de aseveraciones "tendrán que ser dictaminadas" junto con todos los hechos de la sentencia.
"El PP siempre manifestó que no tiene nada que ver con los actos que pueda acometer una persona determinada", apostilló, a renglón seguido, para remachar que, como partido, los populares siempre defendieron que "no tienen nada que ver" con su formación esas actuaciones. "No tenemos miedo a esa verdad", zanjó.
MANZANAS PODRIDAS DE LA CESTA
Por su parte, el portavoz del Grupo del BNG, consideró que el caso de Gondomar demuestra que "no es que haya una manzana podrida, sino que lo estaba toda la cesta". "Aquí hay una trama, en la que participaba directamente el PP, de financiación ilegal, aunque por el camino, alguien que tenía los dedos pegajosos, se quedase con algo", acusó.
Así, Aymerich avisó de que "no es la primera" situación de "financiación ilegal" y recordó el sumario del caso de corrupción Gürtel para poner de manifiesto que se financiaron, según dijo, "varias campañas electorales". "Aquí, al parecer, no pasa nada", lamentó.
El parlamentario nacionalista vinculó este caso con que el PP tiene "otros", como el del jefe territorial en Pontevedra de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas y presidente local del PP de Caldas de Reis, Evaristo Juncal Carreira, quien supuestamente vendió empresas a testaferros de narcotraficantes, según ha publicado el diario 'El País'.
"En este tipo de cuestiones siempre aparece el PP", constató, e ironizó con que le extrañaba porque este partido "nunca está metido en estas cosas". Para el portavoz del BNG en la Cámara, la consellería que dirige Agustín Hernández debería dar explicaciones y se preguntó si "hay abierta alguna investigación interna para aclarar los hechos".
A este respecto, el parlamentario socialista Xaquín Fernández Leiceaga opinó que el jefe territorial de Medio Ambiente tiene una "biografía empresarial muy sospechosa".
