SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
Organizaciones sindicales del sector educativo en Galicia han compartido sus reacciones --dispares entre sí-- tras ser consultadas por Europa Press a raíz del anuncio de la Xunta sobre la reforma de la normativa de convivencia escolar y protección docente. Mientras CSIF, ANPE, CC.OO y UGT han valorado de forma positiva que se articulen medidas dirigidas a respaldar la autoridad del profesorado, CIG-Ensino ha calificado de "publicitaria" la imposición de multas de hasta 15.000 euros ante agresiones a docentes.
Asimismo, CC.OO y UGT han reclamado que el desarrollo de la norma pase por las mesas de negociación y tanto ANPE como CSIF han exigido garantías para que la protección sea "real y efectiva". En concreto, el Gobierno autonómico actualizará la normativa que regula la convivencia en las aulas con novedades encaminadas, entre otros aspectos, a que Galicia se convierta formalmente en "la primera comunidad en proteger la autoridad" docente, de forma que la agresión a un profesor por parte de padres o responsables de un alumno podrá suponer una multa de hasta 15.000 euros.
Lo ha anunciado este martes el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, quien ha sustituido al presidente, Alfonso Rueda, de viaje institucional en Bruselas, y ha detallado los cambios legislativos que pretende impulsar la Administración autonómica. De hecho, también se incluye la intensificación de las sanciones para el alumnado que cometa faltas de carácter muy grave como acoso y ciberacoso.
Estas nuevas medidas se materializarán en la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañarán a la ley de Orzamentos de 2027, a través de la que se actualizarán la ley y el decreto de convivencia en las aulas.
En este sentido, se llevará a cabo una modificación de la Lei de Convivencia e Participación da Comunidade Educativa para "responder a nuevas formas de conflictividad, mejorar la graduación y eficacia de las medidas e incrementar la protección del alumnado y del profesorado".
En concreto, el representante de CC.OO, Borja Campos, ha explicado que la central sindical no dispone por el momento de "ningún borrador" del texto regulador, por lo que su análisis inicial se realiza a partir de los datos trasladados en la nota de prensa del Ejecutivo gallego. Con todo, Campos ha valorado positivamente que haya medidas de protección al personal docente, si bien ha remarcado que la propuesta "debería pasar por las diferentes mesas de negociación" con la representación sindical.
"Espero que tengan decencia de pasarlo por la Mesa Sectorial antes de aprobarlo. Nos gustaría saber con detalle en qué consistirían estas medidas, entiendo que hace falta una modificación normativa, está bien que se actualice y se de una mayor cobertura al profesorado, pero nos gustaría estidiarlas con detalle", ha aseverado Cristóbal Salgueiro, de UGT.
Por su parte, la secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, se ha mostrado "muy sorprendida" por el anuncio al no haber tenido noticias previas. Sobre la regulación de la inteligencia artificial, ha criticado que la plataforma 'Edixgal' ya incorpora una aplicación de IA sin estar acotada, lamentando que "lo implantan y luego quieren regular".
Respecto a las medidas ante el acoso escolar, Arroxo ha insistido en que es necesario atajar el problema antes de recurrir al cambio de centro del estudiante, señalando que en villas con poca población esta opción "no es realista" al no disponer de alternativas y afirmando que "la solución no está en cambiar la pelota de una portería a otra".
En representación de ANPE, Julio Trashorras ha señalado que ven "positivo todo lo que supone un refuerzo real de la autoridad del profesorado". Trashorras ha encuadrado estas acciones en la necesidad de una campaña más amplia para "recuperar el prestigio social" de la profesión, no obstante, ha demandado que las medidas no queden en un "brindis al sol" y que la oficina de protección al profesorado se constituya de forma "real, eficaz, rápida y ágil".
Por su parte, la representante de CSIF, Rosa Silva, ha valorado "de forma positiva" la actualización normativa y el castigo a las agresiones. Silva ha advertido de que en su servicio 'CSIF Ayuda Profes' constatan una "preocupante proliferación" de conductas violentas, acoso, ciberacoso y faltas de respeto en las aulas.
DETALLES
En este contexto, las conductas contrarias a la convivencia se van a escalonar en tres niveles de gravedad, en vez de los dos actuales: conductas leves, graves y muy graves, con su correspondiente intensidad de respuesta educativa.
Además de introducir una nueva categoría intermedia de conductas graves, la reforma actualiza las conductas de mayor gravedad, entre las que se incluyen expresamente las agresiones, actos violentos, amenazas o coacciones susceptibles de causar un perjuicio grave, actos graves de discriminación, vejación o humillación, manifestaciones graves de odio, violencia de género y sexual, acoso y ciberacoso, grabación y publicación o difusión de contenidos que vulneren gravemente el honor, la dignidad la intimidad o la propia imagen.
La regulación abarca también la creación o manipulación mediante inteligencia artificial (IA) de contenidos que afecten a estos derechos. Se refuerza también la corresponsabilidad del alumnado, incorporando entre sus deberes básicos comunicar al profesorado o al equipo directivo las situaciones de violencia o riesgo grave para miembros de la comunidad educativa de las que tenga conocimiento. En cuanto a las medidas correctoras previstas, para el caso de conductas de mayor gravedad se establece la suspensión de la asistencia al centro por períodos más amplios o el cambio definitivo de grupo, por ejemplo.
En el caso concreto de situaciones de acoso y ciberacoso se establece, con carácter general, el cambio de centro en las enseñanzas obligatorias o la pérdida del derecho a continuar escolarizado en el centro en las restantes enseñanzas, para quien cometa esta conducta. En estos supuestos, la medida podrá extender sus efectos a la imposibilidad de una nueva matrícula en el centro.
Al tiempo, se fijará un nuevo régimen administrativo de infracciones y sanciones para proteger al profesorado de los centros docentes públicos. Esto es, que ante agresiones a los profesionales docentes, se fijan consecuencias administrativas proporcionales a la gravedad de los hechos, que serán compatibles con las posibles responsabilidades civiles o penitenciarias correspondientes. Este nuevo régimen establece sanciones económicas que van desde los 300 euros de las infracciones leves hasta los 15.000 euros de las muy graves.
