SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Xunta se ha defendido de la condena del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), por la que estima que "vulneró" los derechos del diputado Antón Sánchez por no llegar a facilitarle información solicitada al respecto de la fusión de las cajas de ahorro gallegas --Caixa Galicia y Caixanova en Novacaixagalicia y su posterior bancarización--. Así, dice que el retraso en la documentación, que fue objeto de denuncia ante el TSXG en 2018 tras una nueva petición (la primera se hizo en 2013), "no es exagerado".
En una respuesta ofrecida a los medios, señala que la Xunta "respeta siempre la resoluciones judiciales" y defiende que, en este caso, no deja de ser una "estimación parcial" de todo el recurso presentado por el todavía parlamentario, que ha visto "vulnerados sus derechos" constitucionales, según la propia sentencia del TSXG.
Así, la Administración autonómica reconoce que el diputado tenía "a su disposición la mayor parte de la documentación que estaba reclamando", pero no dos informes que había reclamado desde 2013 y que, debido a que no fueron facilitados, decidió llevar a la Justicia en septiembre de 2018.
El artículo 9 del reglamento del Parlamento da la posibilidad a todos los diputados de la Cámara de solicitar una información a la Xunta que debe ser remitida, obligatoriamente, en el plazo de un mes, o al menos contestada en caso de no ser posible. Esta documentación, una vez denunciado ante la Justicia fue respondida parcialmente en noviembre.
La investigación de las cajas se inició hace siete años en la Cámara autonómica, pero nunca llegó a cerrarse, ya que el informe que debía recoger las actuaciones de la investigación --las cuales podían ser objeto de envío a la Justicia-- no se llegaron a presentar.
La Consellería de Facenda, entonces dirigida por Marta Fernández Currás, envió al Parlamento 34 cajas con la documentación solicitada por los diputados de la Cámara, las cuales se depositaron en la conocida como sala del Estatuto, que se convirtió en un local a puerta cerrada para la consulta de la documentación.
"Por lo tanto, la actuación de la Xunta no supuso en ningún momento un obstáculo para que el diputado pudiese ejercer sus funciones", ha asegurado este martes en un comunicado.
El Gobierno gallego "tampoco entiende que el retraso en la entrega de documentación supusiese como tal una vulneración de sus derechos fundamentales". "El retraso no es exagerado, sino que se encuadra en un margen razonable", considera la Xunta, en referencia a la petición de 2018.
"Hay que tener en cuenta que la Administración autonómica recibe un elevado número de peticiones del Parlamento de Galicia y el plazo que fija el reglamento es muy exiguo", ha sentenciado.
SENTENCIA
La sentencia hace referencia a una petición que, con posterioridad, en 2018, el parlamentario actualmente del Grupo Común da Esquerda realizó ante el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, ante lo que Antón Sánchez ha denominado "ocultación sistemática de información de la fusión y posterior privatización".
Tal y como señala la sentencia, la Xunta es "condenada por vulnerar el artículo 23 de la Constitución", es decir, por "obstruir la labor de la oposición sistemáticamente", en palabras de Antón Sánchez, quien ha ironizado con la defensa de la Carta Magna que "tanto dice que hace" el Partido Popular.
