Plantea "reabrir el debate de la competencia" también en el control de normas sectoriales estatales, para que lo asuma la Comunidad Autónoma
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las 'Bases para unha nova lei do solo' de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas proponen que municipios de más de 50.000 habitantes puedan aprobar sus planes generales de ordenación municipal (PGOM) de manera "delegada" o, incluso, "propiamente".
De hecho, el documento, remitido a los grupos parlamentarios a finales del mes de mayo y que este lunes fue debatido en una reunión con el conselleiro Agustín Hernández, aboga en sus 'propuestas de partida para el nuevo marco legislativo' por que esta medida "podría hacerse extensiva también a los ayuntamientos que acrediten contar con una dotación técnica y jurídica adecuada".
"Podría reabrirse el debate de la competencia para la aprobación del plan general", argumenta, justo después de enumerar las ocho fases en que, según el texto, quedaría la tramitación de los PGOM con la nueva norma.
El departamento que dirige Hernández ve "preciso establecer plazos" para el cumplimiento de las obligaciones en la tramitación de dichos planes, "no solo para la Administración autonómica, sino también para la municipal".
Y, "en caso de incumplimiento", plantea que "se produciría la subrogación de la Xunta de Galicia". "Para eso", constata, el Ejecutivo autonómico debe "contar con los medios necesarios adecuados".
Pero subraya que "en todo caso, seguro que la Administración autonómica ahorraría recursos haciendo el plan, en relación con las subvenciones que se le otorgan a los ayuntamientos para estos efectos".
Previamente, en las 'reflexiones sobre la oportunidad de formular un nuevo marco legal urbanístico', la consellería alude al hecho de que "no se llega a concluir con éxito" la labor de planificación urbanística "a pesar de todo el apoyo económico, técnico y político que se le presta a los ayuntamientos para aprobar los planes generales".
"EL PROBLEMA ES EL PLAN"
En este sentido, entiende que la legislación vigente --Ley de Ordenación Urbanística e de Protección do Medio Rural de Galicia (LOUG)-- "no es la única causante de las dificultades para avanzar en la planificación urbanística, ni es tan mala como para olvidarse de ella".
"La actual ley no está en el origen de todos los males. O, por lo menos, no de todos. El problema es el plan. Más bien, la ausencia de plan. Y los planes antiguos, desfasados, insostenible ambiental y económicamente", incide.
En este apartado, se refiere a su "rígida" aplicación y al "exceso de regulación" por el amplio "contenido documental" de los planes, aspectos para los que también ofrece propuestas más abajo.
En concreto, bajo el epígrafe 'flexibilidad', el texto apuesta por "establecer en la nueva normativa una regulación general que le dé respuesta cabal a la realidad" de la Comunidad Autónoma "y no una regulación para las excepciones".
También previamente censura "periodos de parálisis" en los consistorios por la "incidencia de citas electorales o por simple desidia", antes de observar "una injustificada modificación de las leyes cada vez que hay un cambio de Gobierno, tanto en el Estado como en la Comunidad Autónoma".
Para frenar esto, la Xunta y los grupos estudian la posibilidad de introducir el requisito de mayoría cualificada para aprobar hipotéticos cambios de la futura ley.
TRAMITACIÓN DEL PGOM
El proceso para aprobar un PGOM, tal y como lo formula el escrito de la consellería, daría comienzo con la elaboración del plan (I) y continuaría con la emisión de los informes técnicos y jurídicos municipales (II), la emisión del informe previo a la aprobación inicial por parte de la Xunta (III) y la aprobación inicial del PGOM (IV).
A continuación, se abriría una etapa de exposición al público, coincidente en el tiempo con las consultas contenidas en el documento de referencia genérico, la audiencia a los municipios limítrofes y la solicitud de los informes sectoriales correspondientes (V).
La emisión por el órgano ambiental del informe sobre la memoria formulada por el ayuntamiento (VI) precedería a la aprobación provisional por el consistorio, penúltimo paso antes de la aprobación del PGOM por el conselleiro.
"ALIGERAR" TRÁMITES
Precisamente, entre otros cambios, el documento de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas habla de "un contenido documental --el requerido a los ayuntamientos-- claramente excesivo" y por eso recomienda la "homogeneización" de conceptos y parámetros urbanísticos, el establecimiento de ordenanzas tipo y "suprimir la reproducción de todos los reglamentos que no son de libre disponibilidad del ayuntamiento, haciendo constar simplemente un reenvío normativo a la legislación básica vigente".
En este punto, plantea "que la propia consellería competente en materia de urbanismo le proporcione a los ayuntamientos, como planos de información, las delimitaciones de los ámbitos sujetos a especial protección sectorial, que previamente se tendrán solicitado de los organismos que ostentan las competencias correlativas de costas, aguas, carreteras, montes, agricultura, patrimonio...". "El ayuntamiento mantendría la posibilidad de reajustar, justificadamente, esos ámbitos", apostilla.
El Gobierno gallego busca "aligerar el trámite ambiental", para lo que propone que el informe de sostenibilidad ambiental forme parte de la documentación de los planes "como un anexo más" y que la exposición al público y las consultas ambientales se desarrollen "al mismo tiempo".
"Es necesario", agrega, "repensar la fase preceptiva de información pública, que actualmente recae sobre un documento ya elaborado al que se presentan centenares de alegaciones". "Se trata, en una amplia mayoría, de peticiones de particulares que buscan mayoritariamente la defensa de un interés particular", advierte.
Por otra parte, la consellería llama a "repensar el reparto de competencias sectoriales entre las administraciones públicas": "Sería posible que el control de cumplimiento de las normativas estatales lo ejerza el correspondiente órgano autonómico", dice.
Y, "por lo menos en las normativas sectoriales estatales", entiende que "habría que suprimir el doble informe y dar definitivamente por evacuado el trámite transcurridos dos meses desde la solicitud, en sentido positivo, bajo la responsabilidad municipal de cumplimiento de las leyes".
A este respecto, llama la atención sobre que "en vez de tender a la agilidad, se dio un paso atrás con la centralización de esos informes en los ministerios, cuando antes eran emitidos por las correspondientes demarcaciones provinciales o territoriales".
Todavía en esta línea de agilización de procesos, hace hincapié en lo "necesario" de "simplificar el trámite de autorización previa autonómica". "Podría establecerse un control a posteriori", propone, en cuanto a regímenes urbanísticos aplicables a las clases de suelo.
Las bases presentadas a los grupos recogen otras modificaciones, por ejemplo, en lo que respecta al régimen sancionador, al avisar de que "no existe relación alguna" en la actualidad "entre el valor de la obra y el importe de la sanción". "Cuestión que es necesario corregir de acuerdo con el principio de proporcionalidad que prescribe el artículo 131 de la Ley 30/1992", subraya.
