La Xunta remitió a la Fiscalía una causa con más de 200 expedientes por indicios de delito urbanístico en Gondomar

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Urbanismo de la Consellería de Política Territorial tiene abiertos más de 200 expedientes por indicios de delitos urbanísticos y "constante vulneración" de la ley urbanística en el Ayuntamiento de Gondomar, donde fueron detenidos dos concejales del PP, la novia de uno de ellos y un arquitecto por supuesto cobro de comisiones a cambio de favores urbanísticos.

Ante el volumen del expediente, integrado por más de 200 casos supuestamente irregulares, la asesoría jurídica decidió remitir, a finales del verano pasado, una causa conjunta por "irregularidades continuas" al ministerio fiscal para que determine si eran "anulables" estas actuaciones y si era constitutivo de delito.

Según informaron a Europa Press fuentes de la Consellería de Política Territorial, entre los supuestos delitos urbanísticos detectados en Gondomar figura la concesión irregular de licencias y parcelaciones de terrenos que contravienen la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural.

Por su parte, el Colegio de Arquitectos de Vigo atribuyó a "conductas individuales que pudiesen ser constitutivas de delito" el supuesto cobro de comisiones irregulares a cambio de favores urbanísticos que se le imputan a los detenidos, por lo que evitó pronunciarse al respecto y dejó en manos de los tribunales "investigar u depurar las responsabilidades correspondientes".

SITUACIÓN URBANÍSTICA

El Ayuntamiento de Gondomar, un municipio costero de la comarca de Val Miñor con más de 12.800 habitantes, aprobó en 1997 su Plan General de Ordenación Urbana (PGOM), pero éste fue anulado por sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo.

No obstante, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, continuó otorgando licencias de construcción. Así, el pasado mes de julio, el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo admitió a trámite una querella presentada por la Fiscalía contra el alcalde de Gondomar, Carlos Silva, y contra su Junta de Gobierno por presunta prevaricación en la concesión de 300 licencias de obras pese a que el PGOM estaba anulado.

Hace tan sólo dos semanas, el Consistorio aprobó inicialmente el nuevo PGOM sólo con los votos del PP, la abstención de los no adscritos y la oposición de PSdeG y BNG. La oposición denuncia que, entre otras irregularidades, el nuevo plan de urbanismo recalifica 300.000 metros cuadrados de suelo rústico.