A CORUÑA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los mariscadores de a flote de la ría de O Burgo (A Coruña) no lograron alcanzar un acuerdo con el director xeral de Recursos Marinos de la Xunta, Antonio García Elorriaga, en su reunión de hoy y prevén una reunión en los próximos dos días para definir un calendario de movilizaciones.
En declaraciones a Europa Press, el patrón mayor de la cofradía de A Coruña, Manuel Cao, explicó que Pesca les ofreció adelantar el 50 por ciento del coste del plan de limpieza de algas y sustrato de la zona, pese a que ellos no cuentan con el dinero suficiente para hacer frente al resto del presupuesto.
Además, Cao señaló que si el proyecto de limpieza no se realiza completamente, la cofradía no recibiría el resto del dinero invertido, lo cual, según él, representa "un riesgo que no se puede asumir". Por ello, solicitaron a la Xunta que pague la totalidad del coste del proyecto, a lo que Pesca se negó.
A mayores, Cao explicó que el director de Recursos Marinos aseguró estar pendiente de un informe de Aguas de Galicia sobre la situación de la ría a fin de evaluar su estado a corto plazo, un hecho que podría provocar que la recuperación de la consideración de zona B. Al respecto, precisó que el temor radica en no saber "si se cambia la catalogación porque realmente es zona B o si se hace porque la Xunta lo dice".
PROTESTAS
En este sentido, advirtió de que "no van a vender un marisco que pueda perjudicar a la gente o desprestigiar el producto" y anunció que mañana se pondrá en contacto telefónico con los 150 mariscadores de a flote y de a pie para programar un calendario de protestas y movilizaciones. Así, pese a reconocer que "no es la manera apropiada de comportarse", declaró que "no se puede seguir perdiendo el tiempo parados mientras pasan los días". Los 49 mariscadores de a flote de la ría de O Burgo en A Coruña decidieron no acudir a extraer marisco cuando se reabrió la zona al considerar que su trabajo "no sería rentable" debido a la catalogación de la zona como C. Este hecho implicaría dejar que el producto se purifique durante dos meses en una zona de categoría B antes de sacarlo al mercado o venderlo a una conservera, de no llegar a una alternativa con la Xunta.
