La acusada por la estafa inmobiliaria prometía conseguir hipotecas "a gente que lo tenía muy difícil", según testigos

"Nos hicimos la foto con las llaves en la puerta de la inmobiliaria y todo", ha contado un matrimonio, que terminó demandado por ocupación ilegal

PALMA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más víctimas de la gran estafa inmobiliaria en Palma que juzga estos días la Audiencia Provincial han contado este martes, ante el Tribunal, que la principal acusada se presentaba como colaboradora de una conocida filial de un banco y supuestamente "ayudaba a conseguir hipotecas a gente que lo tenía muy difícil".

Entre estas víctimas figura un matrimonio que pagó 150.000 euros por un inmueble sin cédula de habitabilidad, y que terminó demandado por ocupación ilegal por parte del banco al que creían haberlo comprado. "Nos hicimos la foto con las llaves en la puerta de la inmobiliaria y todo", ha enfatizado la pareja, que reunió el dinero a través de familiares con los que ahora está endeudado.

Pocos días antes de la firma, los afectados vieron en redes sociales publicaciones alertando de que la acusada era "una estafadora", y fueron a comprobar la validez del pagaré que les había entregado por las transferencias realizadas. En el banco les informaron de que carecía de fondos.

"Allí fue cuando me di cuenta de que se había ido con mi dinero", ha declarado el hombre. Ya no pudieron localizar a la supuesta agente inmobiliaria, que había abandonado la isla y fue detenida en Cádiz junto a su marido e hija, también acusados.

Otra víctima es una mujer que afirma que pagó 60.000 euros para subrogar la hipoteca del piso donde vive y que sostiene que durante casi nueve años ha abonado 600 euros mensuales a la acusada, creyendo que los destinaba al pago de las cuotas.

La afectada también fue demandada por el banco porque no se le ha pagado nada: "El banco me quiere echar a la calle, con niños pequeños", se ha lamentado la mujer, que mientras salía de la sala lanzaba a la acusada: "Que Dios se encargue de ella".

En el banquillo se sientan cuatro personas, tres de ellas miembros de una misma familia: una mujer de 41 años, señalada como la líder del grupo que completan su marido (51) y su hija (23); también se juzga a un cuarto hombre como supuesto colaborador, aunque la Fiscalía no lo acusa.

La fiscal pide para cada uno de los miembros de la familia una condena de ocho años de prisión y multa de 8.760 euros por un delito de estafa agravada. Una acusación particular pide seis años de cárcel para el cuarto acusado.

El montante defraudado supera el medio millón de euros y hay una quincena de víctimas en Mallorca. Los hechos se sitúan entre los años 2019 y 2021. La Fiscalía sostiene que, a través de una empresa domiciliada en Es Rafal Nou, ofrecieron a las víctimas la compra de inmuebles urbanos --principalmente viviendas-- a precios muy competitivos, sólo para quedarse las arras y depósitos sin tener realmente ninguna intención de ejecutar las operaciones.

Al parecer, la principal investigada, que ejercía las labores de agente inmobiliaria, era una persona muy conocida en determinados barrios de Palma. Muchas de las víctimas son personas con pocos recursos económicos.