Un acusado de adeudar 400.000 euros al socio con el que creó una inmobiliaria se enfrenta a cuatro años de prisión

PALMA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo miércoles (09.30 horas) la vista previa del juicio contra un acusado de adeudar 400.000 euros al socio con el que creó una inmobiliaria en Mallorca.

La Fiscalía interesa que sea condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 7.200 euros y una indemnización de al menos 65.000 euros como supuesto autor de un delito de alzamiento de bienes.

El acusado y su socio, según expone el fiscal en su escrito de acusación, constituyeron en diciembre de 2012 una compañía inmobiliaria de la que el primero fue designado administrador único por un plazo indefinido.

Un año más tarde firmaron un contrato de préstamo en virtud del cual el socio entregaba a la mercantil la cantidad de 400.000 euros para la compra de un vehículo y de equipamientos informáticos, el pago del alquiler del local y hacer frente a los gastos corrientes.

La víctima fue entregado a plazos --entre febrero de 2013 y abril de 2015-- esta cantidad, que debía empezar a devolverse a partir de enero de 2015.

De estos 400.000 euros, el acusado empleó 133.000 para el pagar el alquiler del local en el que estaba ubicada la inmobiliaria, 19.000 para adquirir un vehículo de empresa y una cantidad indeterminada para abonar los salarios de los trabajadores y el suyo propio.

Para poner en marcha el negocio, además, se contrató a una empresa que se encargó de reformar el local. El acusado les pagó 38.762 euros por las obras, pero dejó a deber otros 15.000.

Cuando la empresa encargada de la reforma reclamó esta cantidad al juzgado, este no pudo hallar bienes ni efectivo alguno para hacer efectivo el cobro. Un juzgado de lo mercantil declaró el concurso de la inmobiliaria y concluyó su actividad por insuficiencia de masa.

El acusado, siendo consciente del dinero que debía, rescindió unilateralmente el contrato de alquiler y trasladó el equipo informático a su residencia, donde con la ayuda de algunos empleados y bajo otro nombre continuó con la actividad.

Después vendió el coche de empresa --por una cantidad que no se ha podido determinar-- y se fugó, motivo por el cual procedimiento judicial tuvo que suspenderse. En octubre de 2016 se dictó una orden de busca y captura en su contra.