Armengol consigue que su decreto vaya a ser aprobado por unanimidad, pese a que en un principio, UM anunció que se abstendría
PALMA DE MALLORCA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
UM comunicó esta tarde a la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, que mañana votará a favor del decreto que resuelve el contrato del solar de Can Domenge, por lo que, finalmente, será aprobado por unanimidad, después de que el PP también haya informado a la presidenta que apoyará esta iniciativa, siempre y cuando se le tenga en cuenta "en las negociaciones con la UTE Sacresa-Ferrá Tur".
Tras la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias Govern-Consells Insulares, Armengol subrayó que cuenta con el respaldo de todos los grupos para aprobar el citado decreto contra el que, según desveló, la citada UTE ha presentado esta misma mañana un recurso contencioso-administrativo.
Pese a esta decisión de Sacresa-Ferrá Tur, que no comparte que el solar de Can Domenge se convierta en un terreno público, después de que en la pasada legislatura ganara un concurso para construir en él viviendas de lujo, Armengol confió en lograr un acuerdo con estas empresas, mediante una negociación que comenzará en las próximas semanas.
Así, admitió que es "optimista" y esperó que el solar de Can Domenge vuelva a ser público "en el menor plazo posible", con el fin de que el Consell alcance un acuerdo político con la Conselleria de Vivienda para que sea el IBAVI el que adquiera este terreno y construya en él más de 600 VPO, algo que ya habría sido aceptado por el propio presidente del Govern, Francesc Antich, y el conseller, Jaume Carbonero.
Armengol consideró "muy razonable" la posición del portavoz 'popular', Jaume Font, a quien agradeció que, "al final, haya primado el interés institucional por encima del partidista" y se comprometió a "tener informado" a esta formación durante todo el proceso de negociación con la UTE, así como del proyecto que se llevará a cabo en el solar.
La presidenta de la institución insular resaltó la "importancia" de retomar el proyecto que el PSIB, el Bloc y el Ayuntamiento de Palma tenían en la pasada legislatura para este proyecto, en el sentido de construir Viviendas de Protección Oficial, dado que es una "necesidad real" en la capital balear, sobre todo, para los jóvenes.
Así, señaló que ya le ha planteado esta posibilidad a Carbonero, quien "podría asumir el coste" de la construcción de las VPO, por lo que este proyecto "no será un problema" para las arcas públiclas del Consell de Mallorca. No obstante, precisó que este proyecto es "muy primitivo", ya que, según insistió, "hay que conseguir que el solar vuelva a ser público".
Armengol firmó el pasado 13 de enero el decreto por el cual resolvió el contrato de compraventa del solar de Can Domenge a la UTE Sacresa-Ferrà Tur, después del incumplimiento de los plazos de construcción de las viviendas establecidos en el concurso que esta unión de empresas ganó en la pasada legislatura y por el que pagó 30 millones de euros.
En principio, y si las empresas hubiesen aceptado el decreto, el Consell debería solicitar un crédito extraordinario para devolver la citada cantidad que dicha UTE desembolsó para la compra del solar, aunque Armengol ya ha anunciado que será el Govern y no la institución insular el que sufragará el coste del terreno.
Sin embargo, la UTE ha decidido defenderse y presentar esta misma mañana un contencioso administrativo, lo que podría retrasar el proceso entre tres y cuatro años, aunque Armengol confía plenamente en que las negociaciones con las empresas lleguen a buen puerto y se alcance un acuerdo lo antes posible.
Ante la relevancia de este decreto, Armengol decidió que la resolución del contrato se debatiría y se votaría en el Pleno del Consell, que se celebrará mañana, ya que, la anterior presidenta de la institución insular, Maria Antònia Munar, también llevó a Pleno la adjudicación del solar a la UTE, que logró con los votos de UM y PP.
PROCESO DEL DECRETO
Armengol adoptó la decisión de firmar el citado decreto, después de que la UTE solicitara al Consell una prórroga de los plazos para urbanizar Can Domenge, lo que provocó que la institución insular pidiera al catedrático Bartomeu Colom un informe sobre el posible incumplimiento del contrato, que fue emitido el 18 de diciembre de 2007, y que reveló que las empresas adjudicatarias incumplieron todos los plazos de edificación y urbanización.
Ante esta situación, el Consell reclamó al profesor de Derecho Civil Miquel Coca un informe sobre las consecuencias que podría tener el incumplimiento del contrato, que fue emitido el 23 de diciembre de 2007, y que concluía que la institución insular podía declarar la nulidad de la escritura pública, ejecutar el aval por el no cumplimiento de los plazos y resolver el contrato por incumplimiento definitivo.
Así, Armengol justifica su decisión en que tras firmarse el contrato de adjudicación el 19 de julio de 2006, aún no han comenzado las obras, para cuya conclusión el concurso establecía un plazo de seis años. En este sentido, según informaron fuentes del Consell de Mallorca a Europa Press, la UTE sólo contaba con licencia para la urbanización del solar, mientras que aún no disponía de licencia para la construcción de las viviendas.
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
La presidenta del Consell ya ha insistido en varias ocasiones en que su decisión de rescindir el contrato no está relacionada con la adjudicación del concurso a la citada UTE, proceso que está siendo investigado por la Justicia ante las posibles irregularidades que se cometieron y por las cuales ya ha declarado ante el juez en calidad de imputado el ex-conseller insular de Ordenación del Territorio y actual parlamentario del Grupo Mixto, Bartomeu Vicens.
La investigación judicial se inició a raíz de una querella presentada por el empresario catalán Josep Lluís Núñez i Navarro, que participó como licitante en 2006 en el concurso de los terrenos públicos de Can Domenge y resultó perdedor, a pesar de que ofreció por ellos el doble del precio máximo de tasación, fijado en 30 millones de euros. En la querella, Núñez i Navarro denuncia un presunto delito de malversación.
En el proceso están implicados otros 23 políticos, todos los consellers de PP y UM que avalaron la adjudicación en la pasada legislatura, mientras que el PSM y EU interpusieron un recurso contencioso administrativo al considerar que el proceso concursal fue ilegal y se trató de un "pelotazo urbanístico".
