El Ayuntamiento de Eivissa desalojará a las 130 personas del asentamiento de sa Joveria el 21 de abril

EIVISSA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Eivissa ha propuesto desalojar a las cerca de 130 personas del asentamiento de sa Joveria el próximo 21 de abril a las 10.00 horas, después de que un juzgado de Palma haya autorizado la entrada, desmontaje y limpieza de la parcela.

El Consistorio ha explicado que el pasado mes de noviembre había exigido a los propietarios de la parcela, mediante un procedimiento de orden de ejecución, el cumplimiento del deber de conservación de la propiedad, con la retirada exhaustiva de los residuos y demás actuaciones necesarias.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha indicado que, ante la "imposibilidad de hacerlo" por parte de la propiedad, inició un procedimiento judicial que este mes de marzo ha autorizado la entrada, desmantelamiento y limpieza de dicha parcela, que posteriormente será vallada para "evitar que esta situación se vuelva a producir".

En esta parcela se habían ido estableciendo infraviviendas, casetas y tiendas de campaña, por lo que han calculado que pueden residir unas 130 personas, según los últimos recuentos realizados por la Policía Local de Eivissa y los servicios sociales del Ayuntamiento.

La corporación local ha alegado que las personas que viven allí, lo hacen en "condiciones mínimas de higiene y seguridad, sin fosas sépticas, sin agua potable, sin tratamiento de residuos y con grave riesgo tanto para su salud como para su seguridad al existir riesgo de plagas y un alto riesgo de incendio", ya que habrían constatado el uso de "hornillos, estufas, bombonas de gas y demás elementos destinados a cocinar y hacer fuego".

Entre la documentación presentada por el Ayuntamiento y que forma parte del expediente y procedimiento judicial se encuentran varios informes de técnicos de medioambiente municipales, la Policía Local, Aqualia, Valoriza y el Hospital Can Misses.

Entre otros aspectos, el hospital alertaría de riesgos por el desplazamiento de objetos próximos a su helipuerto, accesos "no autorizados" al recinto hospitalario, ausencia de servicios básicos como el abastecimiento de agua potable, la acumulación de residuos sólidos y vertidos líquidos, la proliferación de plagas --mosquitos, roedores e insectos--, "potenciales vectores de transmisión de enfermedades".

Asimismo, también han alerta del uso no autorizado de instalaciones y suministros del hospital por "personas ajenas" al centro, con un aumento de la "carga operativa" sobre los servicios de seguridad, desinsectación y desratización

En estos informes se señalaría el riesgo "ambiental y sanitario" asociado por la posible contaminación del suelo y, en su caso, de aguas subterráneas, junto con un aumento del riesgo de "episodios infecciosos vinculados a condiciones de higiene insuficientes". Igualmente, se advierte del alto riesgo de incendio y propagación, al existir "numerosos objetos inflamables" o como elementos destinados a hacer fuego.

El Ayuntamiento de Eivissa ha asegurado que ha mantenido un "seguimiento continuo" de estos asentamientos, dado que el pasado mes de mayo de 2025 se constituyó una mesa de trabajo sobre este tema junto con representantes del Consell d'Eivissa, la Policía Local de Eivissa, Servicios Sociales, Ibanat, Seprona, Guardia Civil y técnicos municipales.

Desde entonces, el Ayuntamiento ha indicado que mantenido un seguimiento semanal, con una comisión interna de trabajo, donde las distintas áreas municipales, así como servicios sociales y Policía Local han monitorizado de forma "continua" estos asentamientos y a sus habitantes.

Actualmente existen un total de seis expedientes de vulnerabilidad abiertos por los servicios sociales municipales, a los que se les da apoyo.

El Consistorio ha indicado que los servicios sociales estarán presentes durante el desalojo y permanecerán "atentos y disponibles" para atender a las personas que lo puedan necesitar.

El alcalde de Eivissa, Rafael Triguero, ya avisó el pasado mes de octubre, diciembre y enero, en distintas comparecencias públicas, que los dos principales asentamientos de la ciudad se encontraban en vía judicial, en una actuación que responde a criterios de "salud pública, seguridad y protección del entorno".

"No se puede permitir que se consoliden situaciones que implican condiciones indignas y riesgos para las personas. El Ayuntamiento actuará con firmeza pero también con sensibilidad, al ofrecer apoyo a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad", remarcó.