PALMA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Palma ha renovado el pacto para la inclusión social con la red Europea contra la Pobreza EAPN de Baleares, asegurando así la colaboración se extenderá hasta el final del actual mandato, con el objetivo de mejorar la vida de las personas en situación o en riesgo de pobreza y fortalecer el trabajo de las entidades sociales.
Según ha recordado el Consistorio en una nota de prensa, EAPN-IB es una organización sin ánimo de lucro que se fundó en 2005 con el objetivo de combatir la pobreza y la exclusión social en Baleares y que actúa como interlocutor de las entidades ante las administraciones para defender los intereses de las personas vulnerables.
La organización, explican, está formada por 27 entidades (asociaciones, fundaciones, cooperativas y empresas de inserción, entre otros) que atienden anualmente a casi 150.000 personas, con más de 2.100 trabajadores, más de 4.000 voluntarios y un movimiento económico de unos 65 millones de euros. El Ayuntamiento de Palma reconoce el papel capital que las entidades que forman parte de EAPN-IB tienen para dar respuesta a las necesidades de las personas más vulnerables y asegura que quiere impulsar actuaciones para mejorar sus condiciones.
Representantes de todas las fuerzas políticas han suscrito el nuevo pacto con EAPN. El alcalde de Palma, José Hila, ha destacado que "mantener los compromisos, gobierne quién gobierne, da estabilidad" a las entidades, y más ahora que hay "una situación de crisis" con colectivos vulnerables que "sistemáticamente tienen dificultades". "Este acto también es un reconocimiento a las entidades que forman parte de EAPN-IB, que es una red muy potente", ha añadido Hila.
Por su parte, el representante de EAPN-IB Xavier Torres ha lamentado que se haya pasado "de un contexto de crisis por la Covid a otro contexto de crisis por la guerra en Ucrania", los cuales, ha añadido, afectan a "las personas más vulnerables y a los mismos colectivos de siempre". "Lo que nos une es que queremos una ciudad más justa, solidaria y que no deje a nadie atrás", ha sentenciado.
El documento establece medidas orientadas a la inclusión social de personas en situación o riesgo de pobreza o exclusión social, como garantizar que las políticas económicas no generen más pobreza y desigualdad o, dentro de las competencias del Ayuntamiento, asegurar igualdad de acceso a derechos, recursos y prestaciones.
También insta al Ayuntamiento a llevar a cabo iniciativas para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y planes integrales de desarrollo comunitario para avanzar hacia la convivencia, la interculturalidad y la plena ciudadanía, y a consolidar los servicios y programas de formación, orientación e inserción laboral de colectivos vulnerables.
Otros puntos clave son promover la autonomía de la gente mayor y su inclusión social, crear medidas para garantizar la estabilidad. Quieren, además, reforzar la atención de las entidades a las personas en riesgo social, garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Ley del tercer sector de acción social, la Ley de servicios a las personas en el ámbito social y la Ley del voluntariado, e impulsar medidas para la simplificación administrativa. Hacer más fácil, en definitiva, la relación entre las entidades sociales y la administración, simplificando por ejemplo la tramitación de las convocatorias en el ámbito de la inclusión social.
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