MADRID/PALMA DE MALLORCA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
Baleares es la comunidad autónoma que presenta las mayores tasas de actividad dentro del colectivo de personas con alguna limitación, con el 48,6 por ciento, según los datos de la Encuesta de Población Activa y de la Base Estatal de Personas con Discapacidad difundida este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Tras Baleares se han situado Murcia (43,1 por ciento), País Vasco (42,3 por ciento) y Navarra (42,2 por ciento). Por el contrario, las menores tasas de actividad se registran en Canarias (29,6 por ciento) y Asturias (31,6 por ciento).
En el conjunto nacional, las personas con discapacidad en edad de trabajar en España suman más de 1,45 millones, el 4,8 por ciento de la población activa del país, pero son menos del dos por ciento del total de asalariados.
En concreto, en España viven 1.450.800 personas de entre 16 y 64 años que tienen un certificado de discapacidad, cifra que se incrementó un 15 por ciento el año pasado. El 52,8 por ciento tiene estudios de Secundaria o cursos de formación e inserción laboral, frente al 50,5 por ciento de la población general, y un 27,4 por ciento ha obtenido titulación superior, cifra que entre los no discapacitados es del 39,7 por ciento.
Según los datos del INE, estas personas suponen el 2 por ciento de los asalariados en las empresas privadas de 50 o más trabajadores, incluidas las entidades especializadas en inclusión social, porcentaje que se reduce hasta el 1,5 por ciento cuando se observan las compañías más pequeñas, con menos de medio centenar de empleados.
Sin embargo, la mayoría de los trabajadores con discapacidad son asalariados (88 por ciento, un 5,3 por ciento más que en el resto de la población), tienen contrato indefinido (78,3 por ciento, un 2 por ciento más que el resto), jornada completa (82,4 por ciento un 3 por ciento más que el resto) y desempeñan su actividad en el sector servicios (80,5 por ciento, frente a 74,8 por ciento).
Esta estadística se ha elaborado a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE y la Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad (BEPD) del IMSERSO. El estudio muestra la situación en el mercado laboral de este colectivo entre 16 y 64 años con certificado de discapacidad mayor o igual al 33 por ciento.
MENOS EMPLEO ENTRE LAS MUJERES
En 2012 había 207.000 hombres con discapacidad ocupados, el 58,2 por ciento respecto del total de los ocupados con discapacidad, frente a las 148.000 mujeres (41,8 por ciento). Estos datos reflejan que al igual que sucede con la población general, las mujeres con certificado de discapacidad tienen menos presencia en el mercado laboral.
Sin embargo, la tasa de actividad de estas mujeres está más próxima a la masculina que en la población sin discapacidad, pues la diferencia es de 3,2 puntos frente a los 10,3 del resto de la población entre 16 y 64 años. La tasa de paro de las mujeres con certificado de discapacidad en 2012 (32,9 por ciento) es inferior s la de los hombres (33,3 por ciento).
MÁS EMPLEO EN LA DISCAPACIDAD AUDITIVA
Según el INE, la tasa de actividad es inversamente proporcional al grado de discapacidad: el 54,1 por ciento de las personas con un nivel inferior al 45 por ciento está trabajando, frente al 13,3 por ciento de quienes tienen un grado superior al 75 por ciento. Las personas con limitaciones auditivas registraron las tasas de actividad más altas (57,4 por ciento), mientras que las más bajas se encontraron entre personas con deficiencias mentales.
El perfil de empleabilidad es distinto del resto de la población, con índices más elevados en las actividades sanitarias y de servicios sociales (12,7 por ciento frente a 7,8 por ciento de personas sin discapacidad), en Administración Pública y Defensa (10 por ciento frente a 7,5 por ciento), actividades administrativas y servicios auxiliares (9,9 por ciento frente a 5 por ciento) y en las actividades artísticas, recreativas o de entretenimiento (6,2 por ciento frente a 1,7 por ciento).
El INE detalla una serie de medidas que contribuyen a la incorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral ordinario, como las deducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social que tenían en 2012 la cuarta parte de estos trabajadores o la modalidad del contrato específico de discapacidad que había firmado el 24,9 por ciento.