PALMA DE MALLORCA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Instituto Contra la Exclusión Social Can Gazá ha ampliado sus instalaciones con la finca 'Sa Casa Llarga' con la que pretende incorporar a partir de septiembre u octubre 10 plazas más que se sumarían a las 30 ya existentes y que podrían ir destinadas a personas con enfermedades mentales que vivan en una situación de marginación y con escasas posibilidades de incorporarse al mercado laboral.
Así lo explicó a Europa Press el presidente de la Asociación Can Gazá, Jaume Mateu, quien recordó que su entidad, creada en 1996, no tiene recursos económicos ni técnicos para ampliar el número de plazas y, por ello, instó a las instituciones públicas a que aprovechen 'Sa Casa Llarga', que ha sido cedida de manera gratuita por la familia Feliu-Fernández por un periodo de tres años, para que financien la puesta en marcha de nuevas plazas.
"Como institución no podemos asumir la ampliación de plazas, pero sí podemos ofrecer este espacio a las entidades públicas que quieran llevar a cabo un trabajo destinado a los ciudadanos que padezcan una enfermedad mental y con riesgo de exclusión social, si bien Can Gazá debería colaborar en la gestión del nuevo proyecto sin ánimo de lucro", subrayó.
Así, Mateu recalcó que con la cesión de 'Sa Casa Llarga', su asociación "ha ganado un espacio más para atender la marginación más profunda", sumándose así a la finca de Can Gazá, donde residen un total de 30 hombres ex-alcohólicos o ex-drogadictos, algunos de los cuales se encuentran en proceso de desintoxicación.
Can Gazà está basado en un sistema de autogestión y de autoregulación, ya que los residentes están obligados a realizar trabajos, al menos, durante tres horas al día, que revierten en el beneficio de todos los usuarios de este servicio y que están relacionados con el cuidado de la granja o de los campos de cultivo, así como con la limpieza del inmueble.
El presidente de la Asociación Can Gazà subrayó que este sistema provoca que todos los usuarios se sientan parte de una "familia", al tiempo que se les ayuda a recuperarse de sus respectivas adicciones, en un primer lugar, y su autoestima, en segundo lugar, con el fin de intentar que en un futuro puedan volver a reincorporarse a la vida laboral y social "evitando así su marginación".
"DIFICULTAD" PARA RETORNAR A LA VIDA NORMAL
No obstante, admitió la dificultad y, en algunos casos, la imposibilidad de que estas personas, algunas de las cuales llevan seis años en Can Gazà, puedan retornar a la vida normal, dado su deterioro físico que se une al hecho de que no perciben ningún tipo de prestación económica o que perciben unas pensiones muy bajas, que no les permite hacer frente ni siquiera un alquiler de una vivienda.
Respecto al método de subsistencia de Can Gazà, Mateu explicó que anualmente, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales destina a esta asociación un total de 36.000 euros, que se suman a las donaciones particulares de algunas personas que colaboran permanentemente con esta entidad aportando recursos económicos o materiales.
Además, recordó que Can Gazà sólo cuenta con un único empleado asalariado, mientras que los residentes que trabajan varias horas al día reciben semanalmente un pequeño salario de 25 euros, gracias a la donación de un particular. Por otro lado, destacó que la asociación deja un "margen de confianza" a los usuarios para que no beban o tomen drogas, de forma que si algún día acuden a Can Gazà con signos de haber ingerido alcohol o haber probado algún tipo de estupefaciente se les impide la entrada en la casa.