PALMA DE MALLORCA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos CCOO y UGT han iniciado este lunes en Baleares el proceso de recogida de firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretende conseguir la implantación de una prestación de ingresos mínimos de unos 426 euros mensuales dirigida a personas en riesgo de pobreza, y que podría beneficiar en Baleares a alrededor de 35.000 personas.
El secretario general de UGT, Alejandro Texías, y la de CCOO, Katiana Vicens, han firmado este lunes durante una rueda de prensa en la que han destacado la necesidad de instaurar esta nueva ayuda en todo el Estado ante "la falta de protección social que tiene la clase trabajadora víctima de la crisis".
"Es de ley corregir la pobreza, que se rescate a la personas y se combata la desigualdad y exclusión social que ha generado la crisis económica", ha afirmado Texías, quien ha lamentado que las prestaciones sociales actuales son "insuficientes" y "no llegan a todas las familias que las necesitan".
Por su parte, la secretaria general de CCOO, Katiana Vicens, ha manifestado que a "consecuencia de la crisis y de las reformas laborales impuestas por el Gobierno, el sistema de protección social es totalmente insuficiente".
Según ha dicho, en Baleares, hay 25.200 hogares con todos sus miembros sin ingresos, situándose las Islas como la segunda comunidad con la tasa de protección más baja. Esta prestación pretende proteger a los que, por falta de ocupación o por no haber cotizado lo suficiente para recibir una prestación o subsidio, "puedan caer en una situación de pobreza".
La prestación se configuraría como un derecho subjetivo de las personas de entre 18 y 64 años que están paradas, llevan un año inscritas como demandantes de empleo y que no tengan una renta personal superior a 5.837 euros anuales.
Los beneficiarios recibirían esta ayuda de manera indefinida mientras mantuvieran las condiciones que les dieron derecho a cobrarla y la cuantía de 426 euros podría aumentar si la persona solicitante tiene menores a su cargo o personas dependientes.
CCOO y UGT consideran que el coste de la prestación de ingresos mínima se puede asumir si hay voluntad política para ayudar a las personas castigadas por la crisis ya que tendría un coste anual de 11.000 millones de euros, un 1% del Producto Interior Bruto (PIB). La prestación se financiaría a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y estaría vinculada a la Seguridad Social.
Estos sindicatos quieren que esta propuesta de ley sea de las primeras que debata el Parlamento tras las elecciones generales de diciembre porque estiman que corregir la desigualdad y la pobreza que sufre la clase trabajadora deber ser una prioridad.
