Cort comienza a notificar el desalojo a los 206 residentes de la antigua prisión de Palma

   PALMA, 27 (EUROPA PRESS)

   El Ayuntamiento de Palma ha comenzado a entregar las notificaciones de desalojo a las 206 personas que en la actualidad residen en la antigua prisión de la ciudad.

    Así se ha acordado en una Junta de Gobierno extraordinaria celebrada la tarde de este viernes, dando inicio a un plazo de cinco días que los ocupantes tienen para presentar alegaciones, ha informado Cort en un comunicado.

    Una vez resuelto este trámite, en el que el Consistorio tiene la obligación de contestar a las alegaciones, se dictará el auto de acuerdo que obligará a desalojar el recinto en un máximo de cuatro días.

    En el caso de que haya residentes que no abandonen de forma voluntaria el inmueble de titularidad municipal, en el que se pretende construir una rotonda, el Ayuntamiento solicitará la correspondiente autorización judicial para ejecutar el desalojo.

LA MAYORÍA SON HOMBRES JÓVENES

   Esta mañana también se ha celebrado una Junta Local de Seguridad en la que se ha dado cuenta de los resultados del censo elaborado a lo largo de los últimos días en los que se han establecido controles de acceso a la antigua prisión.

    En total se ha contabilizado la presencia de 206 personas. De los primeros análisis, a la espera de cruzar los datos con las bases de la Policía Nacional, se desprende que la mayoría (80%) son hombres y que la media de edad es de 33 años. La mayoría tienen entre 23 y 35 años u no se ha detectado la presencia de menores de edad.

    Alrededor del 82% de las personas identificadas son nacionales de Argelia o Marruecos, a quienes siguen un 15% de españoles y un 10% de colombianos. El resto proceden de otros países de América Latina.

   Según los anteriores censos elaborados por el Ayuntamiento, el 65% de los residentes se encontraban en situación administrativa irregular, aunque este datos también debe ser cotejado con las fuerzas de seguridad.

   Según ha indicado el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, solo estas personas que han sido identificadas podrán acceder los próximos días al recinto.

    A estos 206 residentes hay que sumar otras 60 que viven en las viviendas que antiguamente habitaban los funcionarios del recinto penitenciario que no han sido objeto del censo ya que su desalojo se llevará a cabo en una fase separada.

   Esto se debe, ha indicado Bonet, a que no existe la misma urgencia dado que en ese recinto no se han producido incendios ni incidentes que pongan en peligro la vida de los ocupantes. 

BUSCANDO UNA ALTERNATIVA

   En la Junta Local de Seguridad, a la que ha asistido la Delegación del Gobierno en Baleares y representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también se ha informado el dispositivo social activado por parte del Ayuntamiento. 

   Los servicios sociales municipales han contactado ya con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), la Conselleria de Asuntos Sociales, el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), el Obispado de Mallorca, Mater y Cruz Roja con el objetivo de identificar recursos disponibles y coordinar alternativas de atención. 

   Con ese objetivo se ha abierto un censo que permita establecer una vía entre el Consistorio y aquellas entidades sociales que deseen poner sus recursos a disposición.

   Bonet ha asegurado que desde el martes ninguno de los residentes de la antigua prisión ha aceptado la ayuda de los servicios sociales municipales, algo para lo que es imprescindible la voluntariedad. 

   "A quienes quieran abandonar voluntariamente se les dará una cama y un lugar en el que asearse, que es lo más importante para estas personas", ha asegurado. 

EVITAR NUEVOS ASENTAMIENTOS

   El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha reclamado a la Delegación del Gobierno que facilite información sobre posibles actividades ilícitas desarrolladas el interior de la antigua prisión, que avance en la identificación de las personas que aún no cuentan con expediente de extranjería y que se inicien los procedimientos correspondientes.

   También se ha planteado a la Delegación del Gobierno la necesidad de valorar recursos habitacionales para las personas que se encuentran en situación administrativa irregular. 

   El alcalde ha asegurado que el control de acceso instaurado desde el miércoles en la entrada del inmueble se mantendrá hasta que se produzca el desalojo completo del recinto y ha solicitado el apoyo de la Policía Nacional para reforzar el control y la vigilancia de las zonas adyacentes. 

   Según ha incidido Bonet, la intención es que las personas desalojadas no formen nuevos asentamientos informales en las inmediaciones de la antigua cárcel. 

MÁS DE 300 ACTUACIONES

   En el transcurso de ambas reuniones, Martínez ha enumerado las más de 300 actuaciones realizadas desde el inicio de legislatura en este recinto. 

   Por un lado, los Bomberos de Palma realizaron en 2024 un total de 16 actuaciones, que se elevaron a 49 en 2025. En lo que va de año han llevado a cabo otras 12.  

   Asimismo, la Policía Local ha realizado 263 actuaciones desde el inicio de la legislatura, 143 de las cuales exceden las competencias habituales del cuerpo. A ello se suman otras 71 intervenciones desarrolladas fuera del recinto.

   Los servicios sociales municipales, ha incidido el alcalde, han ofrecido en numerosas ocasiones la cartera municipal de servicios a los residentes del inmueble, un ofrecimiento que está realizando nuevamente en el marco del proceso actual de recuperación posesoria, con el objetivo de garantizar asistencia social y apoyo durante esta transición. 

   Martínez ha reiterado que, si bien el espacio lleva años ocupado, la activación del proceso de desalojo responde al incremento de incidentes registrados en el interior y entorno del inmueble, especialmente los incendios del pasado fin de semana, uno de los cuales obligó al rescate de cuatro personas. 

   Este aumento de la conflictividad, junto a los recientes informes emitidos por la Policía Local y los Bomberos alertando del riesgo existente, ha motivado la puesta en marcha del actual procedimiento de recuperación posesoria.

   A estos se le suma otro informe de disciplina urbanística que, en líneas generales, determinan que las personas que habitan la antigua prisión corren un riesgo "alto o muy alto" de morir en el caso de que se vuelvan a producir incendios.