El Defensor del Pueblo admite a trámite la queja de UGT por "la no actualización del plus de insularidad"

Publicado 12/03/2019 12:16:08CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja de FeSP-UGT por "la no actualización del importe del plus de insularidad", que el sindicato presentó en noviembre de 2018, y en la que argumentaba que el contexto social y económico de Baleares se caracteriza por la naturaleza insular que genera "un conjunto de desventajas que afectan al transporte, a las comunicaciones, la sanidad o la educación, entre otros".

En un comunicado, UGT ha mostrado este martes su satisfacción por la admisión a trámite y ha añadido que, "tras un concienzudo análisis", la indemnización por residencia --de carácter compensatorio y no retributivo--, actualmente, "no da respuesta a las necesidades reales" del archipiélago y "carece de una base objetiva para su cálculo y distribución".

Asimismo, han recordado que la organización sindical ha denunciado en "numerosas ocasiones" que el "escaso" importe de dicho plus de residencia provoca que el personal de las administraciones de Baleares --en especial el de la Administración General del Estado-- esté sometido a un "exceso de temporalidad", "mucho mayor" que en otros territorios, y a que se resista a aceptar destino en las Islas.

En esta línea, han argumentado que se producen situaciones de renuncia o peticiones de traslado, y de "amplísima" participación en el primer concurso de traslados que se convoca para optar a otras plazas.

El secretario general de FeSP-UGT, Miguel Ángel Romero, ha insistido en que el objetivo del sindicato es que a Baleares se le reconozca un complemento de indemnización por residencia similar al de Canarias, "donde, de media, se cobra el doble". "La ciudadanía del archipiélago está siendo discriminada respecto a otros territorios al no recibir los mismo servicios", ha manifestado Romero.

En esta línea, ha recordado que en los años 50 se creó la "asignación por residencia", denominada a partir de 1965 "complemento de indemnización de residencia" para paliar o corregir los efectos negativos de la residencia en ciertos territorios y ha concluido que "se trata de un propósito que actualmente no se cumple en el caso de Baleares".

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