PALMA DE MALLORCA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
Federico Rodríguez Cerdà, dueño del grupo Gestión de Proyectos Balear (GPB), una de las empresas adjudicatarias -junto a Llabrés Feliu, Constructora San José, Gerens y Estel- de la construcción del nuevo parque de bomberos de Palma, admitió hoy ante el juez que instruye el caso Bomsai que manejó información antes del concurso para la concesión de las obras, aunque se desvinculó de cualquier tipo de irregularidad y negó haber incurrido en delito alguno por estos hechos.
Así lo puso de manifiesto en la declaración que prestó hoy en calidad de imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1, Juan Catany, el fiscal Miguel Ángel Subirán y varios de los letrados personados en la causa. El encausado, asistido por el abogado José Ignacio Herrero, se ratificó de este modo en la declaración que ya efectuó el pasado mes de abril en sede de la Jefatura Superior tras ser detenido por la Policía Nacional, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
Durante su extensa declaración, que se prolongó durante más de cuatro horas, el imputado enumeró numerosos artículos y apartados de la Ley de Contratos de la Administración Pública para defenderse de las presuntas irregularidades, lo que ralentizó el desarrollo de la comparecencia. En concreto, se le imputa un delito de malversación de caudales públicos.
En concreto, se trata de una de las personas contra las que la Fiscalía Anticorrupción dirigió su querella por este caso, al postular que nueve meses antes de la convocatoria del concurso dirigió un comunicado a Joan Pol, miembro de la mesa de contratación empresa Pública CAIB Patrimoni -a través de la cual se produjo un presunto desvío de fondos con los proyectos del parque de bomberos y la nueva Conselleria de Salud-, del que se deriva un "concierto previo" a efectos de amañar el concurso.
Un comunicado en el que se reseña que han mantenido varias conversaciones sobre lo que podría ser el concurso de concesión del proyecto del parque y hace observaciones sobre la delimitación de los parámetros del concurso. Es más, advierte a Pol literalmente "ojo que no se nos cuele Marxant Consulting", una empresa especializada al igual que GPB en la gestió de proyectos y propiedad del empresario Jacinto Farrús, precisamente imputado en el conocido como caso Voltor por su presunta intervención en el amaño de concursos públicos.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)