PALMA DE MALLORCA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Govern se ha dado por enterado de las contrataciones de emergencia de suministro y servicios a cargo del Servicio de Salud por un valor de 1,3 millones de euros.
Se trata, según han explicado en un comunicado, entre otras, de la adquisición e instalación de equipamiento de telemedicina, la contratación de la derivación de pacientes afectados por la COVID-19 a centros de la red hospitalaria pública o la contratación de material necesario para mantener la actividad de rastreo y seguimiento de contactos de Atención Primaria.
Todas estas contrataciones de emergencia han sido relacionadas con el tratamiento de la pandemia debido a la necesidad concreta de contar con determinados equipos y servicios para mantener una actividad sanitaria asistencial correcta en la lucha contra la COVID-19.
En concreto, se han realizado Adquisiciones y contrataciones desde los Servicios Centrales y la Central de Compras del Servicio de Salud.
Se ha contratado el suministro de equipamiento de videoconferencia para telemedicina para atender necesidades de la COVID-19 por un importe de 493.418 euros.
También, la derivación de pacientes a la Cruz Roja para cubrir la asistencia sanitaria a pacientes afectados por el virus SARS-CoV-2 durante los meses de julio a diciembre de 2020, por un importe de 874.796 euros.
Se han realizado también contrataciones y adquisiciones correspondientes a la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca.
En este sentido, se han adquirido 74 sillas por un importe de 9.670 euros para la nueva sede de rastreo situada en el polígono de Can Valero.
También se ha efectuado la adquisición de 54 mesas por un importe de 9.096 euros, para la nueva sede de rastreo situada en el polígono de Can Valero.
En el pasado mes de marzo el Consell de Govern aprobó el Acuerdo de medidas que se deben adoptar en materia de contratación pública a consecuencia de la declaración del estado de alarma para gestionar la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Ello supuso que a todos los contratos suscritos por la Administración de la Comunidad Autónoma y el sector público instrumental les fuera aplicable la tramitación de emergencia.
