La Guardia Civil imputa al ex arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta, y a su mujer

Europa Press Islas Baleares
Actualizado: martes, 7 octubre 2008 15:13

IBIZA, 07 de Octubre (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil está pendiente de poder ejecutar la detención del ex arquitecto municipal del Ayuntamiento de Sant Josep, Antonio Huerta, y de su mujer, por su relación con una presunta trama de corrupción que se desarrolló cuando ejercía su cargo como funcionario del Consistorio entre 1998 y 2007.

Según informaron fuentes cercanas al caso, la Guardia Civil está pendiente de certificar el paradero del matrimonio, que se intuye que se encuentren en Argentina o en el Caribe, tras la detención ayer del hijo de ambos, Julián Huerta, y de su pareja la también arquitecto, María del Pilar Fernández. Estos últimos se encuentran en las dependencias de la Guardia Civil en Sant Antoni y no será hasta mañana cuando pasen a disposición Judicial, según pudo saber Europa Press.

A las 12.10 horas concluyeron las labores de los agentes que recababan información sobre la posible implicación de la familia en el marco de la operación 'Pitiusa' tanto en la sede municipal de Sant Josep como en las oficinas de los arquitectos. Según indicaron fuentes del Ayuntamiento, aunque su sede hoy sí que estaba abierta al público, el Salón de Plenos se cerró hasta esa hora "puesto que era el enclave en que se estaban depositando los expedientes a inventariar por parte de las fuerzas de seguridad.

La Guardia Civil se ha hecho con documentos en los que se puedan encontrar indicios sobre los presuntos delitos de tráfico de influencias de los que se imputa al ex arquitecto municipal.

Los implicados están acusados de un presunto delito de tráfico de influencias y quebrantamiento del código deontológico. El Colegio de Arquitectos de Baleares presentó como prueba un vídeo donde se demostraba que Huerta incompatibilizaba su cargo público con la actividad privada en varios proyectos urbanísticos que fueron redactados por su nuera, miembro de su despacho particular. Asimismo, se les acusa de vulnerar las normas urbanísticas.

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