La Guardia Civil inicia en Baleares los interrogatorios de los controladores que abandonaron su puesto de trabajo

Actualizado: lunes, 13 diciembre 2010 15:45

PALMA DE MALLORCA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha iniciado este lunes en Baleares los primeros interrogatorios de los controlares que abandonaron su puesto de trabajo los pasados días 3 y 4 y que habrían incurrido en un delito de sedición, previsto y penado en el artículo 20 de la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea de 1964.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes de la Fiscalía de Baleares, que han precisado que cuando el Ministerio Público incoó diligencias penales de investigación, se comisionó al Instituto Armado para indagar los hechos y tomase las primeras declaraciones, para después instruir el correspondiente atestado.

Tras ello, la Fiscalía interrogará a los controladores cuya declaración en sede de la Guardia Civil desee precisar, y una vez finalicen las diligencias, se decidirá si éstas son finalmente archivadas o si se judicializan para que los hechos puedan ser instruidos por un juez según lo dispuesto en el artículo 773-2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a fin de determinar si las bajas masivas registradas en los aeropuertos de las islas son constitutivas de un delito de sedición.

Por ello, dado que es el Instituto Armado es el encargado de investigar los hechos y recibir las primeras declaraciones, la Fiscalía de Baleares no intercederá hasta que no finalice el atestado.

En una nota de prensa, la Fiscalía destacó el "esfuerzo" que está haciendo la Guardia Civil para el esclarecimiento de los hechos, que califica de "muy complejos", y señaló que el pasado miércoles recibió la primera parte de las diligencias de parte de la Guardia Civil. "Una vez que se haya remitido el atestado completo y se haya estudiado se acordará lo procedente", manifestó la Fiscalía.

Cabe recordar que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, advirtió la pasada semana de que si se demuestra la comisión del delito, el Ministerio Público podría pedir penas de hasta ocho años de cárcel para los controladores.