Se podría enfrentar a penas de cárcel que oscilan entre los 14 y los 16 años y su abogado anuncia que recurrirá la decisión del magistrado
PALMA DE MALLORCA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma, Manuel Penalva, decretó hoy, a petición del Ministerio Fiscal, prisión sin fianza para el ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal (EFM), Óscar Collado, por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental, cohecho y fraude a la administración por los que podría enfrentarse a una pena de cárcel que oscila entre los 14 y los 16 años.
Así lo informó el abogado de Collado, Jaime Rodríguez, tras el interrogatorio al que fue sometido el ex gerente de EFM, que se prolongó durante más de dos horas en los juzgados de Vía Alemanya y en el que contestó "a todas las preguntas" que le formularon el magistrado y el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach.
Tras conocer su ingreso en prisión, Collado tuvo un problema de subida de tensión, lo que obligó al abogado a pedir un forense para que le hiciese un reconocimiento. Así, el ex-gerente, que ha pasado las dos últimas noches en los calabozos de la Jefatura Superior de Palma, tuvo que tomar una pastilla para recuperar la tensión normal y, posteriormente, a las 14.45 horas fue esposado y trasladado en un furgón de la Policía Nacional a la Prisión Provincial de Palma.
El abogado indicó que va a exigir que todas las diligencias se hagan con la máxima urgencia posible con el fin de que su cliente pueda salir de la cárcel con la mayor brevedad y anunció que recurrirá la decisión judicial, para lo cual tiene de plazo hasta el próximo martes (tres días naturales).
RIESGO DE FUGA E INFLUENCIA A OTROS IMPUTADOS
Rodríguez explicó que se ha decretado el ingreso en prisión de su cliente por el riesgo de fuga ante las altas penas de cárcel a las que se puede enfrentar. Asimismo, el magistrado tuvo en cuenta los argumentos de la Fiscalía, que considera que si Collado permaneciese en libertad, podría "influir" en las declaraciones que realicen otros imputados y testigos del caso, algo que, a juicio del abogado, es "más folclórico que real".
Sin embargo, el abogado estimó que si Collado no es puesto en libertad de manera "urgente", la defensa estará un "poco perjudicada" y, en esta línea, indicó que pedirá el auto judicial, que se encuentra bajo secreto sumarial, con el objetivo de estudiar la posibilidad de que se establezca alguna fianza para llevar a cabo una defensa "correcta y responsable".
Así, argumentará que es "mínimo" el riesgo de fuga, debido a que quien fuera gerente de la Empresa Funeraria Municipal de Palma durante la pasada legislatura durante el Gobierno municipal dirigido por la 'popular' Catalina Cirer (2003-07), tiene su vida "totalmente consolidada" en la capital balear, dado que "tiene sus hijas y su mujer".
Respecto a las preguntas formuladas por el magistrado y el fiscal Anticorrupción durante el interrogatorio, Rodríguez reveló que se han interesado por el supuesto lucro de Collado con la venta de ataúdes, nichos y tumbas en los cementerios de la capital balear, mediante la cual, según la Fiscalía, el ex-gerente de EFM lograba beneficios particulares mediante la manipulación de las facturas y contratos.
El abogado negó estos hechos y recalcó que "no ha habido ninguna apropiación" indebida por parte de su cliente, sino que "en lugar de comprarse todos los ataúdes de golpe, se adquirieron de manera progresiva", por lo que, según señaló, en todo caso ha podido haber alguna "irregularidad administrativa, pero no penal".
"Hay que separar las responsabilidades administrativas por una mala gestión y las responsabilidades penales, que tienen un alcance totalmente distinto", recalcó, al tiempo que manifestó que "siempre hay alguna irregularidad administrativa en cualquier institución en la que alguien haya estado 20 años trabajando".
En este sentido, dijo ser "realmente escéptico" ante la posibilidad de que las supuestas irregularidades administrativas cometidas por Collado se hayan podido "reconvertir" en penales, si bien admitió que su opinión "no vale nada", sino que esto lo debe determinar un juez.
Previamente a que el magistrado interrogara a Collado, también prestó declaración a un constructor imputado en el denominado 'caso Funeraria', que responde a las siglas J.P., quien tras responder a las preguntas de Penalva y Horrach, salió en situación de libertad.
Así, el letrado de Collado lamentó que su cliente haya sido el único imputado en este caso a quien se le haya decretado prisión sin fianza, mientras que "habrá otros imputados que se pasean y, seguramente, a estas horas están comiendo, mientras que nosotros no lo hacemos ninguno todavía".
Collado fue detenido el pasado jueves por la Policía Nacional y, desde entonces, había permanecido en los calabozos, de donde sólo salió ayer durante dos horas y media para ser interrogado por los agentes y el fiscal Anticorrupción, quienes le preguntaron por las supuestas irregularidades en la emisión de facturas y contratos, relativos a la venta de ataúdes, nichos y tumbas.
ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación comenzó, después de que el Ayuntamiento de Palma detectara una serie de supuestas "facturas y contratos irregulares" en la Funeraria Municipal de Palma que fueron puestos en manos de la Fiscalía al considerar que suponían indicios de cierta irregularidad.
Según explicó el día de la detención el vicepresidente de la EFM y teniente de alcalde de Hacienda, Joan Alcover, la investigación de la contabilidad de la empresa municipal se inició a raíz del escándalo de los viajes privados que realizaron Collado y la ex-presidenta de la EFM, Marina Sans, y que fueron facturados en la pasada legislatura a esta empresa pública, por una cantidad superior a los 7.000 euros.
De este modo, "se comenzó a indagar a fondo con el objetivo de comprobar si se trataba de una acción puntual o si por el contrario había más facturas y contratos que pudiesen tener indicios de cierta irregularidad", añadió.
Precisamente, el Bloc per Palma denunció el pasado mes de febrero ante la Fiscalía una decena de viajes privados que realizaron Óscar Collado y Marina Sans, lo que obligó a ambos a devolver el dinero a la EFM tras no poder demostrar que lo habían pagado de su bolsillo, al carecer de facturas.
Durante el día de ayer, también fue interrogado en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía y en calidad de imputado el empresario J.P.G., relacionado supuestamente con la trama de corrupción, tras haber sido durante años proveedor y suministrador de distintos servicios de la EFM. Tras el interrogatorio, salió en libertad.
