El juez decreta la puesta en libertad de los dos empresarios de Minser que ingresaron en prisión sin fianza

Actualizado: viernes, 8 junio 2012 15:42

El magistrado rechaza por el momento acumular las pesquisas dentro del caso Voltor, tal como pidió una de las defensas


PALMA DE MALLORCA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, Juan Catany, ha decretado la puesta en libertad de los dos exsocios de la empresa Minser que fueron detenidos el pasado mes en el marco de una nueva operación anticorrupción que investiga el presunto amaño, por parte del Consell de Mallorca, de tres negociados del que resultó beneficiaria la mercantil por un total de 82.000 euros. Ambos prevén salir del centro penitenciario de Palma esta tarde a partir de las 17.00 horas.

Así lo han indicado fuentes jurídicas a Europa Press, que han precisado que el magistrado ha adoptado esta medida después de que las defensas de Juan Carlos Escuer y Gabriel Rivas, ejercidas respectivamente por los abogados Carlos Barceló y Salvador Perera, solicitasen la salida de prisión de sus patrocinados, quienes ingresaron en la cárcel el pasado 10 de mayo después de que así lo decretase, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la jueza de guardia Piedad Marín.

Sin embargo, el juez instructor no ha aceptado por el momento acumular estas pesquisas al caso Voltor, tal y como solicitó la defensa de Escuer, dada la similitud de estos hechos con los investigados en la anterior causa.

Cabe recordar que durante su declaración ante la magistrada, que se prolongó durante aproximadamente cinco horas, los imputados defendieron que los trabajos para los que resultaron adjudicatarios se llevaron a cabo, por lo que negaron cualquier tipo de irregularidad en su tramitación.

En concreto, respecto a uno de los contratos, valorado en 22.000 euros y referente a la realización de un informe sobre la instalación en el aeropuerto de unos vídeos promocionales de los pueblos de Mallorca, tanto Escuer como Rivas defendieron que el trabajo fue realizado de acuerdo al objeto del contrato otorgado por la Institución insular que entonces --a finales de 2006-- presidía Maria Antònia Munar.

Tras ello fueron inquiridos sobre los otros dos procedimientos negociados que se encuentran bajo la lupa judicial --uno sobre señales de tráfico en las carreteras y otro sobre los hábitos de lectura entre los jóvenes--.

Mientras tanto, Escuer apuntó a Eugenia Cañellas, exsecretaria técnica del exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal, como la persona que le indicó que presentase oferta a los tres negociados y recordó que a las convocatorias concurrieron otras dos mercantiles, tal y como establece la Ley de Contratos con la Administración Pública --que al menos tres empresas capacitadas para la ejecución del objeto del contrato presenten oferta--.

En concreto, las pesquisas, cuya investigación se encuentra en manos del Juzgado de Instrucción número 1 y permanecen bajo secreto sumarial, apuntan al supuesto amaño de los tres expedientes adjudicados a Minser, dos de ellos por 30.000 euros cada uno y un tercero --el de las pantallas-- por unos 22.000. La administración supramunicipal sufragó los pagos por distintos informes de los que, según la Fiscalía, no hay constancia alguna.

YA FUERON DETENIDOS EN EL MARCO DEL CASO VOLTOR

Sin embargo, las defensas de los imputados aportaron copia de los estudios llevados a cabo con el dinero del Consell para probar la utilidad que se le dio a los pagos. Tras la comparecencia de los dos imputados en dependencias judiciales, el fiscal Miguel Ángel Subirán solicitó finalmente el ingreso en prisión provisional sin fianza como medida cautelar para Escuer y Rivas, quienes ya fueron arrestados en febrero de 2010 en el marco del caso Voltor por un presunto desvío de fondos desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) a Minser mediante subvenciones y contratos ilegales.

De hecho, ya entonces se les impuso una fianza penal de 100.000 euros a cada uno de ellos por su presunta implicación en estos hechos, que se habrían cometido a través del Inestur, dependiente de la Conselleria de Turismo del Govern, durante la pasada legislatura en beneficio de empresarios próximos a UM.