PALMA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
El juicio contra los investigadores del caso Cursach, entre ellos el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, para quienes Fiscalía solicita 118 y 121 años de prisión, respectivamente, se retomará este lunes, tras mes y medio de parón, con más declaraciones de testigos.
Cabe resaltar que también se sientan en el banquillo miembros del Cuerpo Nacional de Policía del Grupo de Blanqueo de Capitales, en concreto el entonces inspector jefe José Luis García Reguera, el subinspector Miguel Ángel Blanco, la subinspectora Blanca Ruiz y el policía Iván Bandera.
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) acogerá, así, nuevos testimonios este lunes que seguirán, previsiblemente, hasta el 15 de septiembre.
Los días siguientes se han reservado para la presentación de los correspondientes informes de las acusaciones y defensas, y se ha señalado una última sesión, la número 34, para que los acusados, si así lo desean, se acojan a su derecho a la última palabra.
CUESTIONES PREVIAS Y DECLARACIONES
El juicio contra los investigadores del caso Cursach se inició el pasado 5 de junio, cuando las defensas presentaron sus cuestiones previas pidiendo la nulidad del procedimiento, al entender que el Ministerio Público y las acusaciones particulares estaban usando pruebas nulas para sostener las acusaciones.
En concreto, basaron sus argumentos en la sentencia que declara nulos los rastreos de llamadas e incautaciones de los teléfonos a los periodistas del caso Móviles. Así, entendían que, si se decretó dicha nulidad, también debían contemplarse como tal los mensajes del grupo de Whatsapp --chat Sancus-- en el que los procesados comentaban las investigaciones y que han sido la principal prueba de las acusaciones contra los procesados.
Al mismo tiempo, los abogados hicieron mención a toda una serie de derechos fundamentales que, bajo su punto de vista, se vieron vulnerados. Entre ellos, señalaron la presunción de inocencia, el derecho a la tutela judicial efectiva, a la inviolabilidad de las comunicaciones, a un proceso con todas las garantías, a la asistencia letrada, a la libertad de información o a la ausencia de cadena de custodia en la entrega de los teléfonos de los policías acusados.
El 7 de junio llegó el turno de las acusaciones, quienes insistieron en la validez de sus argumentos. En concreto, el fiscal Tomás Herranz reiteró que las filtraciones que menciona en su escrito no guardan relación con los listados de llamadas nulos, mientras que el resto de acusaciones defendieron su legitimidad para procesar.
Pocos días después, la Sala de lo Civil y Penal resolvió las cuestiones previas presentadas, anulando parte de las pruebas de las acusaciones pero manteniendo la celebración del juicio.
En concreto, el Tribunal determinó que no se podía valorar como prueba los hallazgos obtenidos de los teléfonos de los policías acusados en lo relativo al chat Sancus en todo lo que tenga que ver con filtraciones a los medios de comunicación.
En lo referente a otras comunicaciones distintas de las filtraciones alojadas en los teléfonos de los policías, se decidió relegar esta cuestión a la sentencia a fin de determinar si es o no un hallazgo casual. En su resolución, el TSJ declaró determinadas pruebas ilícitas que no podrán ser usadas por las acusaciones. Aún así, se admitió que las filtraciones a los periodistas puedan demostrarse por otros medios válidos.
Una vez decidida la continuidad del juicio, llegó el turno de la declaración de los acusados.
El primero en hablar fue el exjuez Manuel Penalva, quien defendió su investigación y la del resto de acusados por ser "los únicos que intentaron desmantelar la trama corrupta de Cursach". De igual modo, negó haber filtrado información bajo secreto de sumario a la prensa e incluso señaló a tres abogados, algunos presentes en la acusación, como autores de las filtraciones del caso ORA.
En la misma línea, el exfiscal Miguel Ángel Subirán defendió su investigación e, incluso, recordó una serie de manifestaciones y escraches que sufrió durante la instrucción del caso Cursach con el objetivo, según él, de ser asustado.
También las declaraciones de los policías del Grupo de Blanqueo ocuparon varias sesiones del juicio, negando, entre otras cuestiones, la entrega voluntaria de sus teléfonos móviles.
Tras ellos, decenas de testigos han ido pasando por la Sala para responder a las preguntas de acusaciones y defensas, una práctica que continuará, previsiblemente, hasta el 15 de septiembre, último día calendarizado para las declaraciones testimoniales.
LOS HECHOS
En su escrito de más 30 páginas, la Fiscalía Anticorrupción atribuye a Penalva y Subirán delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, detención ilegal, prevaricación e inducción al falso testimonio. Además de la pena de cárcel, también solicita 162 años de inhabilitación y 59.400 euros de multa para Penalva y 162 años de inhabilitación y 72.600 euros de multa para Subirán. En el escrito se señalan las instrucciones de los casos Cursach, ORA, IME y Madame.
Para el Grupo de Blanqueo pide, por delitos de revelación de secretos, detención ilegal, prevaricación y obstrucción a la justicia, penas que suman más de 340 años de prisión.
Cabe destacar que a estas peticiones de cárcel se adhieren las presentadas por las acusaciones particulares, entre ellas las de los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert, Jaime Lladó y Antonio Bergas. Estas suman más de 200 años de cárcel y 338 de inhabilitación, y multas que conjuntamente ascienden a 2,3 millones de euros por delitos continuados de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y coacciones.
A lo largo de las 32 páginas del escrito, firmado por los fiscales Tomás Herranz y Fernando Bermejo, el Ministerio Fiscal sitúa entre 2013 y 2018 cómo el juzgado de Instrucción número 12 de Palma siguió varios procedimientos penales para la investigación de diferentes hechos en los que intervinieron los seis acusados.
En las fechas mencionadas, el Ministerio Fiscal también describe cómo los medios de comunicación divulgaron información de las investigaciones judiciales del caso Cursach, ORA e IME con informaciones "facilitadas por los acusados y sin que evitaran o impidieran su divulgación ni investigaran quién filtraba la información". En detalle, en el escrito de acusación desgrana informaciones publicadas en diferentes medios de Baleares estando la causa bajo secreto de sumario.
Además, Fiscalía sostiene que las detenciones de 15 personas en el caso ORA se llevaron a cabo tras un testimonio "de contenido completamente inconcreto y especulativo". Indica que tras "una muy deficiente investigación", los acusados practicaron detenciones, presiones a detenidos, investigados y testigos y envíos a prisión.
De igual modo, la acusación pública describe siete hechos más en las instrucciones judiciales del caso Cursach en las que señala presiones de Penalva, Subirán, Blanco, Bandera, Ruiz y Reguera a diferentes testigos y detenidos, entre ellos el director general del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert.
