La ley ómnibus, a un paso del pleno: restringe el acceso a la Renta Social y crea la Oficina Antiokupación

   PALMA, 19 (EUROPA PRESS)

   El proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos, más conocido como ley ómnibus, ha incorporado las nuevas restricciones para acceder a la Renta Social Garantizada (Resoga), para la que habrá que acreditar al menos tres años de residencia legal, y la creación de la Oficina de Atención a las Personas Afectadas por la Ocupación Ilegal.

   Son dos de las enmiendas que se han debatido a lo largo de toda la tarde de este martes en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament, que ha dictaminado el texto y lo enviará al pleno en las próximas semanas para su eventual aprobación.

   Será en la sesión plenaria cuando, además del dictamen, los grupos parlamentarios puedan defender las enmiendas y los votos particulares que no han sido incorporados a lo largo de la tramitación. 

    Entre las enmiendas presentadas por Vox que han sido aprobadas este martes con el respaldo de los 'populares', según han informado los de Santiago Abascal en un comunicado, destacan la reforma del acceso a la Resoga y la creación de una Oficina Antiokupación.

    También la flexibilización del requisito lingüístico para acceder a un puesto en la función pública, la incorporación de psicólogos generales sanitarios al sistema sanitario, la reserva de plazas de policía local para militares profesionales y la agilización de proyectos comerciales mediante entidades colaboradoras urbanísticas (ECU).

    Además, se han aprobado medidas relacionadas con la transparencia en las bolsas educativas, la protección de los acuíferos, la limitación de la "discrecionalidad" en las emergencias por sequía, la eliminación de normativa "obsoleta" y la ampliación de los plazos para el desarrollo de proyectos residenciales.

   La medida de mayor impacto económico directo para las familias, ha subrayado Vox, es la ampliación de las deducciones por maternidad y natalidad en el IRPF, que serán de 900 euros por el primer hijo, 1.200 por el segundo, 1.500 por el tercero y 1.800 euros a partir del cuarto.

    Junto a ella se han introducido reducciones de tipos impositivos para la compra de vivienda habitual, bonificaciones fiscales para viviendas de precio limitado, mejoras para jóvenes, familias numerosas y personas con discapacidad, y bonificaciones de hasta el 100% en del impuesto sobre actos jurídicos documentados vinculadas a la adquisición de primera vivienda habitual.

   También se ha introducido en el texto unas enmiendas pactadas por el PSIB y el PP para que sea la Agencia Tributaria de Baleares asuma la recaudación de impuestos, la posibilidad de que el Govern sancione a las plataformas de VTC ante posibles irregularidades, que el ITS pueda financiar vivienda pública y que se cree un registro autonómico de beneficiarios de vivienda de precio limitado.  

   No han entrado otras propuestas como la de los socialistas para garantizar que las enfermeras puedan dirigir centros de salud o la de Vox para restringir el derecho de acceso a la atención temprana de los menores cuyos padres se encuentren en situación administrativa irregular. 

LA "PERVERSIÓN" DEL SISTEMA PARLAMENTARIO

   MÉS per Mallorca, por su parte, ha denunciado públicamente la "perversión" del sistema parlamentario que, a su parecer, ha quedado patente durante la comisión parlamentaria de este martes.

    La ley de aceleración de proyectos estratégicos, han criticado los ecosoberanistas en un comunicado, se ha convertido ya en la "ley Frankestein", dado que se han incorporado decenas de nuevas enmiendas y transacciones.

    "Han empleado las enmiendas para crear leyes y ahora usan las transacciones para modificarlas, pero no se puede recurrir al texto original porque no aparecen", ha advertido el líder parlamentario de MÉS, Lluís Apesteguia, quien no ha votado ninguna de las enmiendas que no guardan relación con el título original de la normativa que se tramita dado que los letrados de la Cámara autonómica ya han advertido que habían sido incluidas vulnerando el reglamento.

    El texto legislativo ha recibido más de 200 enmiendas que afectan a más de medio centenar de leyes de forma directa o indirecta, entre ellas la ley de normalización lingüística, que el PP y Vox "se cargan por la puerta trasera".

    Apesteguia ha hecho un llamamiento a la reflexión de todos los grupos parlamentarios para "aislar a quien pervierte de esta manera el sistema parlamentario", pero el ruego no ha tenido el efecto dado que incluso el PSIB "ha entrado en el juego" votando a favor y transaccionando propuestas del PP.

    El ecosoberanista, junto al portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha intentado que la Mesa de la Comisión de Hacienda y Presupuestos no admitiera a trámite las transacciones entre el PP y Vox alegando que eran contrarias al reglamento.

    No obstante, el órgano directivo de la comisión ha decidido realizar una interpretación "extensiva" de las normas parlamentarias para admitirlas todas.

    Tampoco ha accedido, como había solicitado MÉS, a debatir las enmiendas una por una con el objetivo de poder "entrar en el fondo" de su contenido. Por contra, ha optado por hacer un debate "global" que ha dejado "poco margen" a los diputados para explicar sus propuestas.

    Todo ello ha derivado en un debate "parcial, superficial, esperpéntico y vergonzoso" que, para los ecosoberanistas, "vulnera la capacidad de trabajar de forma correcta por parte de los diputados y ha dado un resultado que no se aguanta por ningún lado".

LA POLÉMICA CONTINÚA

   La reunión de la comisión parlamentaria de esta tarde ha mantenido el tono polémico que ha arrastrado la ley durante toda su tramitación, con acusaciones cruzadas entre grupos. 

   Al arranque de la misma se han debatido tres votos particulares, uno de MÉS per Mallorca, otro conjunto de la izquierda y uno más de los 'populares'. 

   Los dos primeros, que han sido rechazados, perseguían el objetivo de dar marcha atrás a determinadas enmiendas que fueron introducidas durante el trámite de ponencia, especialmente aquellas que eximen del requisito del catalán a los docentes que ocupen una plaza considerada de muy difícil cobertura y a los alumnos recién llegados al archipiélago. 

   Apesteguia y la diputada socialista Amanda Fernández han advertido que estas modificaciones contravienen la ley de normalización lingüística, una norma que el PP ha defendido en reiteradas ocasiones como la "línea roja" que no iban a cruzar pese a las exigencias de Vox.

   El 'popular' Jordi López ha reivindicado la ley ómnibus es más que las medidas relativas al conocimiento del catalán y ha insistido en que los docentes que accedan a esas plazas deberán acreditar el nivel de la lengua propia de Baleares con posterioridad. 

   La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, no ha entrado en el fondo del debate sino en la confrontación con la izquierda. "Lo estoy gozando con lo mal que lo están pasando con nuestras enmiendas y ojalá lo gocemos mucho más en adelante. Hemos cumplido con lo que queríamos hacer, abrir una brecha en el independentismo catalán y en la dictadura lingüística", ha dicho. 

   Sí que ha sido aprobado el voto particular del PP, que les ha permitido retirar algunos de los puntos introducidos vía enmiendas en la fase de ponencia para añadirles unas transacciones pactadas con Vox. Esto es lo que los ecosoberanistas y los menorquinistas han considerado contrario al reglamento, sin que hayan sido atendidas sus peticiones para frenar el movimiento parlamentario.