Más de un centenar de personas abandonan la antigua prisión de Palma antes del desalojo

   PALMA, 11 (EUROPA PRESS)

   Más de un centenar de personas que residían en la antigua prisión de Palma han abandonado de forma voluntaria el inmueble antes de que haya finalizado el plazo para desalojarlo.

    Lo ha explicado este lunes el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en una rueda de prensa para dar cuenta del proceso de recuperación posesoria del inmueble.

   El último censo realizado por los agentes de la Policía Local contabilizaba 208 residentes --se llegaron a contar 226-- y ahora quedan en la antigua prisión 101 personas, por lo que se calcula que han abandonado el recinto 107.

    De estas, ha asegurado el primer edil, muchas se han trasladado a la Península, han encontrado un empleo que les ha permitido salir de la situación en la que se encontraban o han ingresado en un centro penitenciario. 

   Otros 45, que así lo han solicitado y que han cumplido con los requisitos establecidos por el Consell de Mallorca para ello, han sido derivados al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

   En ningún caso se ha detectado que las personas que han abandonado la prisión se hayan establecido en un nuevo asentamiento informal o se hayan incorporado a alguno de los ya existentes.

    "Si identificamos movimientos en los asentamientos, se actúa. Pero que yo tenga constancia no se ha identificado nada extraordinario en ninguno de los asentamientos de la ciudad", ha señalado.

    Hay otro grupo de personas que residen en la antigua cárcel, la mayoría, que se encuentran en situación administrativa irregular y que por lo tanto no han podido acogerse a los recursos que ofrecen los servicios sociales, ni de la administración municipal ni de la insular.

    "Puede ser que haya perfiles que estén de manera irregular en la ciudad y que no puedan acceder a según que tipo de ayudas sociales. El proceso de regularización, que va por otro lado, marca un nuevo escenario y si esta era la cuestión que les impedía el acceso a recursos sociales, se les abrirá una ventana", ha señalado.

   Martínez ha afirmado que el Ayuntamiento "seguirá ofreciendo todos los recursos posibles" a las más de un centenar de personas que permanecen en la antigua cárcel, aunque estos serán exclusivamente los que puedan poner sobre la mesa las administraciones. 

   La campaña abierta hace casi dos meses para tratar de obtener nuevos recursos habitacionales cedidos por entidades, instituciones y la propia ciudadanía, ha admitido que no ha dado sus frutos. "Ninguno", se ha limitado a decir al ser preguntado por cuántos recursos han obtenido por esta vía. 

EL PROCESO CONTINÚA

   El proceso de recuperación posesoria de la antigua prisión, donde se prevé construir una rotonda, continúa ahora para tratar de desalojar a las 101 personas que permanecen en ella.    

   Todas ellas ya han sido notificadas de la necesidad de que abandonen el recinto y a partir de este mismo lunes disponen de cinco días hábiles para hacerlo.

    El resto de personas censadas, las 107 que se da por hecho que han abandonado la prisión, no han podido ser notificadas de forma presencial en las dos ocasiones que se ha intentado.

    Por ello, la comunicación será publicada próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se abrirá un nuevo periodo de cinco días para el desalojo.

    En caso de que al finalizar estos trámites los residentes no hayan abandonado el inmueble, el Ayuntamiento solicitará una orden judicial para que las fuerzas y cuerpos de seguridad ejecuten el desalojo.

   El alcalde ha estimado que a finales de mayo el caso podría llegar al correspondiente juzgado de la ciudad y, a partir de ahí, se abrirá un periodo de duración indefinida que dependerá de las decisiones del juez. 

   "No creo que se alargue más de los diez años que llevamos, sería absolutamente incoherente. A final de mayo esto llegará al juzgado y ahí los plazos yo ya no puedo confirmarlos, podría ser inminente o alargarse", ha dicho. 

   En cualquier caso, ha confiado en que llegado a este momento en la prisión queden menos de las 101 personas que actualmente se calcula que permanecen residiendo en ella. 

RIESGOS PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD

   Entre los motivos que justifican el desalojo, el alcalde ha reiterado la existencia de informes técnicos que advierten del elevado riesgo existente para la seguridad de los residentes en la antigua prisión, principalmente derivado de los recurrentes incendios, así como para los servicios de emergencias y los vecinos del barrio. 

   Uno de los últimos informes relativos al desalojo, mediante el cual las 45 alegaciones presentadas por los residentes fueron desestimadas, hablaba también de los riesgos derivados de la insalubridad y de la existencia de plagas de roedores. 

   Esta situación, según el documento, consultado por Europa Press, podrían facilitar la transmisión de enfermedades como el hantavirus, la peste o el tifus e incluso dar el salto al exterior del recinto.

   Martínez, no obstante, ha pedido ser cauto y ha considerado que de momento no existe un riesgo real de que esto suceda, dado que en ese caso así lo apuntaría el informe. 

   "Lo que dice el informe, lo dice, porque hay roedores que pueden conllevar enfermedades infecciosas. El informe habla de ejemplos, pero de ahí que haya un riesgo... Entiendo que el informe hubiera trasladado ese riesgo a la administración competente y que eso que plantean no existe a día de hoy", ha explicado al ser preguntado al respecto. 

   La situación de insalubridad, ha añadido, se ha intentado paliar mediante las diferentes actuaciones de limpieza que han llevado a cabo los trabajadores de Emaya a lo largo de las últimas semanas y las campañas de control de plagas. 

   La desratización del recinto, ha apuntado, se llevará a cabo "cuando no haya riesgo" para las más de un centenar de personas que siguen residiendo en él. 

   "Ante todo esto, no actuar sería una irresponsabilidad", ha defendido el primer edil de Cort, quien ha asegurado que han llevado a cabo actuaciones que "exceden" las competencias municipales y que han supuesto un considerable desembolso económico. 

LA RESPONSABILIDAD ES DEL GOBIERNO 

   Otra de las cuestiones sobre las que Martínez ha incidido en reiteradas ocasiones es en la supuesta responsabilidad que el Gobierno central tiene en el hecho de que la antigua prisión de Palma lleve años ocupada de forma ilegal. 

   A su parecer, esta situación "se ha creado con las políticas migratorias" del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez , a quien ha instado a "poner recursos y una solución al problema". 

   "Llevo tres meses apelando a los ministerios y al Gobierno que actúen porque nos han creado un problema muy grave, a los ciudadanos de Palma y también a las personas que viven en la prisión