Trabajador migrante en el campo - UPA
PALMA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
Médicos del Mundo y la Red por la Inclusión Social (EAPN) de Baleares han valorado positivamente la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Consejo de Ministros, que en el archipiélago podría alcanzar a unas 10.800 personas.
EAPN, en un comunicado, ha defendido que la medida puede ser "clave" para garantizar derechos, combatir la pobreza y avanzar hacia una sociedad más cohesionada.
La irregularidad administrativa, ha recordado, es uno de los principales factores de riesgo de pobreza y exclusión social, ya que limita el acceso a un trabajo digno, a la vivienda, a los servicios sociales, a la sanidad y a la educación.
Por lo tanto, ha sostenido EAPN, no es la migración sino las barreras administrativas, la precariedad laboral, la falta de acceso a derechos y las desigualdades estructurales las que generan situaciones de pobreza y perpetúan la exclusión social.
Además, ha añadido, la regularización extraordinaria representa una oportunidad para reducir la economía sumergida, favorecer la inclusión laboral, mejorar la recaptación fiscal y fortalecer la cohesión social, permitiendo que miles de personas "salgan de la invisibilidad administrativa".
EAPN se ha mostrado en contra del posicionamiento del Govern, que ha rechazado la medida alegando --entre otras cuestiones-- que generará "un nuevo efecto llamada" o que saturará los servicios públicos, y ha recordado que las personas que se podrán acoger a la regularización ya viven en Baleares.
Al contrato, han argumentado, además de garantizar a estas personas unos derechos que hasta ahora "tenían vedados" la administración se beneficiará a través de una mayor recaptación de impuestos y cotizaciones.
Es por ello que EAPN ha reclamado a la administración que garantice los recursos necesarios para que esta medida llegue a todos los potenciales beneficiarios y vaya acompañada de políticas públicas de inclusión social.
Médicos del Mundo, en otro comunicado, se ha posicionado de forma similar acerca de una medida que había sido "largamente demandada por la sociedad civil y las organizaciones sociales" y tendrá un impacto "directo y estructural" en el acceso a derechos fundamentales.
La organización ha considerado que la regularización, además, permite visibilizar la realidad de las cerca de 500.000 personas migrantes que viven en España en situación administrativa irregular, un tercio de los cuales podrían ser menores de edad.
Para ellas, la irregularidad "no es una situación transitoria, sino una condición que se prolonga durante años debido a un complejo laberinto legal y administrativo sin vías efectivas de solución", como en el caso de muchas de los 10.800 que se podrían beneficiar en Baleares.
La mayoría de ellas, siempre según Médicos del Mundo, ya habían iniciado el expediente de arraigo sociolaboral y se encontraban a la espera de una resolución antes de que se aprobara el citado real decreto.
ACCESO A LA SALUD
La organización ha documentado que existe una relación directa entre la irregularidad administrativa y las barreras en el acceso a la atención sanitaria, ya que cerca del 60 % de los casos de vulneración del derecho a la salud afectan a personas sin autorización de residencia.
En Baleares, la irregularidad administrativa tiene un "impacto directo" en la salud pública y la cohesión social, ya que muchas personas migrantes "retrasan o evitan" acudir al sistema sanitario por miedo o por barreras administrativas, lo que "agrava patologías evitables y aumenta el uso de urgencias".
En cualquier caso, Médicos del Mundo ha expresado su preocupación por el escaso margen temporal del proceso y la actual saturación de las oficinas de Extranjería. Esta segunda cuestión, han subrayado, es especialmente sangrante en el archipiélago.
VISTO BUENO DE LAS PYMES
La Federación de la Pequeña y la Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) también ha dado su visto bueno a una medida que, han argumentado en un comunicado, será positiva "desde la perspectiva económica, empresarial y laboral".
La patronal ha señalado que las pymes llevan años afrontando dificultades estructurales para cubrir puestos de trabajo en sectores clave, condicionando la actividad, el crecimiento y hasta la viabilidad de algunas empresas que son "perfectamente solventes".
En este contexto, ha defendido, mantener a miles de personas en situación irregular "no beneficia a nadie, ni a los trabajadores, ni a las empresas, ni al sistema público".
Desde Pimem han considerado que la regularización se realice de manera ordenada, vinculada al empleo y con criterios que contribuyan a "a aflorar la economía sumergida, dar seguridad jurídica a empresas y trabajadores, facilitar la cotización y la planificación empresarial y reducir la competencia desleal".