El IB-Salut concentra el 37% del total de los expedientes y registra 35 denuncias de pacientes por no poder expresarse en catalán
El ente gestionó 16 reclamaciones o sugerencias sobre uso del castellano, aunque en ningún caso supusieron vulneración de derechos lingüísticos
PALMA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Oficina de Derechos Lingüísticos, dependiente de la Dirección general de Política Lingüística, atendió entre el 4 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 un total de 208 casos y la mayoría de ellos (83 por ciento) fueron reclamaciones o sugerencias sobre el uso del catalán en la Administración pública.
En términos generales, el 82 por ciento de los casos atendidos fueron reclamaciones, mientras que el 12 por ciento fueron sugerencias y el seis por ciento, consultas.
Son datos contenidos en la memoria de actuaciones de los 13 primeros meses de existencia del organismo que se han presentado este lunes. En la memoria se remarca el volumen de casos registrados, especialmente si se compara con los datos de los organismos análogos de la Comunidad Valenciana y Cataluña.
En este sentido, el número de casos atendidos en Baleares supone más del doble que los atendidos en la Comunitat Valenciana (87 en 2018) y casi doblar los de Cataluña (126 en 2019).
En relación al número de habitantes, el número de atenciones supone en el archipiélago un caso por cada 5.600 habitantes, mientras que en Cataluña y Valencia sería un caso por cada 60.500 habitantes y por cada 57.000 habitantes, respectivamente.
En concreto, en poco más de un año de existencia, el 80 por ciento de los casos atendidos por la Oficina se han iniciado a partir de las solicitudes formuladas por ciudadanos, mientras que el 20 por ciento restante se han iniciado de oficio.
Por ámbitos, el que ha generado más casos llegados a la Oficina es la Administración pública, con el 83 por ciento, la mayoría de los cuales afectan la Comunidad Autónoma u organismos del sector público instrumental. En el ámbito privado se han registrado el 16 por ciento de los casos.
Por consellerias, la que más quejas o sugerencias ha recibido ha sido la de Educación y Formación Profesional seguida de la de Movilidad (6).
En el caso de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, este departamento ha recibido dos sugerencias anónimas por el incumplimiento de la norma sobre el uso del catalán en las intervenciones de cargos. La Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo también ha recibido una sugerencia en este sentido.
En cuanto al resto de organismos, el IB-Salut es el que más expedientes ha generado, 79, lo que supone el 37 por ciento del total. De estos 79 expedientes, tres se han archivado porque no tenían base jurídica y un cuarto también se ha archivado porque la información contenida en la solicitud era insuficiente y la persona interesada no atendió el requerimiento de la Oficina de completarla.
Otro caso era una consulta, que fue atendida por la Oficina. Los 74 expedientes restantes (70 reclamaciones y 4 sugerencias) hacen referencia a las comunicaciones orales (35), a las comunicaciones escritas (34) y a la rotulación (15). La suma de los parciales es
superior a 74 porque en ocasiones un mismo caso hace referencia además de un aspecto.
Según la memoria, los 35 casos en los que se han producido problemas en las interacciones orales entre los pacientes y el personal de los servicios sanitarios implican la imposibilidad del usuario de expresarse en catalán porque el interlocutor que lo tenía que atender no lo entendía, de forma que el usuario se encontraba en la disyuntiva de tener que elegir entre ejercer su derecho lingüístico o renunciar para poder recibir el servicio.
El informe resalta, además, que en 12 de los 35 casos la falta de competencia en catalán por parte del personal fue acompañada de "actitudes poco respetuosas" hacia el usuario que intentaba ejercer el
derecho de expresarse en la lengua oficial, una circunstancia que todavía hace más grave la vulneración del derecho.
Por otro lado, en 5 de los 35 casos la reclamación hace referencia no solo a la falta de comprensión de la lengua por parte del personal sanitario, sino también a la falta de atención activa en esta lengua, es decir, al hecho de que el paciente no era atendido en catalán.
En cuanto a los 34 casos registrados con relación a las comunicaciones escritas, el hecho de que estas comunicaciones no se produzcan en catalán cuando el usuario no ha pedido recibirlas en castellano, además de contravenir la normativa, impide al
ciudadano relacionarse normalmente en lengua catalana con un organismo público, un derecho reconocido por ley.
Del total de 208 casos, 23 se han archivado y 117 han quedado cerrados. Los que eran reclamaciones o sugerencias (105) se han resuelto de forma que la causa de la vulneración de los derechos se ha corregido o bien se ha obtenido una declaración o un compromiso por la parte implicada en el sentido de enmendar el aspecto problemático.
En 16 casos la resolución del problema detectado requiere actuaciones de largo alcance, que implican diferentes actores y una dedicación de tiempo importante. Finalmente, hay 52 casos en que, en el momento de cerrar la memoria, no se había obtenido respuesta de la parte afectada.
La memoria recoge al mismo tiempo tres casos de personas que denunciaron problemas al referirse en catalán a miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
En la memoria se explica que la Oficina no ha detectado ningún caso de vulneración de derechos lingüísticos por el uso de la lengua castellana. En este sentido, si bien la Oficina ha recibido 16 reclamaciones o sugerencias referidas a este idioma, los hechos comunicados no constituían la vulneración de derechos lingüísticos, lo cual se ha explicado a las personas interesadas.
Todos los casos de vulneración de derechos lingüísticos detectados por la Oficina, por lo tanto, están relacionados con el uso del catalán.
Desde el Ejecutivo han señalado que este aspecto denota un interés notable entre los ciudadanos de las Islas para dirigirse a la Oficina, ya sea para denunciar situaciones que han considerado que implicaban la vulneración de derechos lingüísticos o bien para obtener información sobre la materia.
El secretario autonómico de Universidad, Investigación y Política Lingüística, Miquel ngel Sureda, ha hecho hincapié en el compromiso del Govern con los derechos lingüísticos y ha puesto en valor la Oficina como "una herramienta más para favorecer la seguridad lingüística y para que los catalanoparlantes puedan expresarse siempre en su lengua de forma normal".
Por su parte, la directora general de Política Lingüística, Beatriu Defior, ha explicado que el trabajo de la Oficina ha servido para cambiar determinadas situaciones y "difundir argumentario".
Defior ha asegurado que los efectos "se notarán a medio y a largo plazo gracias a un trabajo de base para generar un clima de respeto a los derechos lingüísticos".
Según han explicado, la principal conclusión que se extrae es la existencia de un problema que afecta los ciudadanos de Baleares que quieren ejercer el derecho de emplear la lengua propia del archipiélago.
Así, la falta seguridad lingüística se traduce en las dificultades con que se encuentran para poder llevar a cabo muchas de las actividades de la vida cotidiana, con normalidad, en catalán.
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