La oposición acusa a Prohens de "engañar": "Habla de consenso y lo destroza en 48 horas con la aprobación del decreto"

PALMA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición han cargado este miércoles contra el Govern y su líder, Marga Prohens, a quien han acusado de "llenarse la boca con consenso" con la mesa del pacto social y, paralelamente, aprobar el decreto de simplificación y racionalización administrativas.

"Habla de consenso y lo destroza en 48 horas con la aprobación del decreto", ha lamentado el portavoz parlamentario de Més per Menorca, Josep Castells, este miércoles en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

En esta línea, ha opinado que "no queda duda" de que la presidenta "ha engañado con la propuesta de la mesa", advirtiendo que entre las consecuencias del decreto se encuentra la modificación de la Ley de Menorca Reserva de Biosfera "sin consenso ni debate previo".

"Vemos que la presidenta nos ha engañado, y a Menorca doblemente", ha insistido Castells, avisando que la mesa "nace muerta".

El portavoz también ha mencionado el rechazo a la petición de su grupo para que Prohens compareciera en el Parlament. Según Castells, PP y Vox han votado en contra "con la excusa" de que la propia presidenta pidió comparecer para explicar en qué consistirá la mesa para el pacto social.

Y sobre esto, ha cuestionado la intención del Govern de usar la mesa "para evitar rendir cuentas en el Parlament". "No podemos aceptar que sea una excusa para evitar el control parlamentario", ha incidido Castells.

También se ha referido al decreto el portavoz adjunto del PSIB-PSOE en el Parlament, Marc Pons, quien ha censurado ante los medios "el doble discurso con el que se mueve el PP".

"El Govern, mientras anuncia la necesidad de poner límites y se compromete a trabajar en este sentido, aprueba una norma que representa la estrategia de eliminar límites, requisitos y exigencias", ha señalado.

Además, sobre la comparecencia de la presidenta, ha opinado que "no puede comparecer sólo para explicar cómo funcionará la mesa de diálogo", sino también para detallar en qué consiste el decreto de simplificación, "porque una cosa no se entiende sin la otra".

Para el diputado, "el Govern y el PP tienen una estrategia deliberada de lo que representa generar confusión por una parte y, mientras, hacer camino por otro". "Mientras se comprometen a reducir tensiones territoriales y sociales, hacen más difícil la convivencia en las Islas", ha agregado Pons.

Al respecto de la ley, "que llevará varios días ver todas las consecuencias que tiene", el socialista ha mencionado algunos de los "retrocesos importantes" que comporta "en materia de calidad democrática".

Así, ha advertido que modifica el Consejo Consultivo, donde cambian algunas consultas "que eran perceptivas y ahora serán facultativas"; amplía el margen de fondos exentos de las empresas públicas para pasar por Consell de Govern hasta el millón de euros, y "reduce la participación", porque ya no se pueden presentar alegaciones si no es una entidad que tiene relación directa con la temática que se aborda.

"Hay una especie de intención deliberada de hacer las cosas para que la gente se entere menos y el Govern pueda hacer lo que quiera sin ningún tipo de control", ha sentenciado Pons, remarcando que el decreto es "una tónica que, disfrazada de simplificación, perjudica a los ciudadanos".

De su lado, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha centrado su discurso en cuestionar la forma en la que se ha aprobado esta norma, a base de decreto ley.

"Modificar más de 50 leyes por decreto es la perversión más grande de nuestro sistema legal. Los decretos están pensados para casos de extrema y urgente necesidad, y no hay una medida en el decreto que lo justifique", ha añadido el portavoz ecosoberanista.

Por todo ello, ha tildado la norma del "decreto de la barra libre, y ha acusado al Govern de "tratar de tontos a las personas que hacen bien las cosas" con un decreto que "premia a los infractores".

Durante su intervención, Apesteguia ha mencionado también otros efectos de la norma, que permite la construcción en áreas de riesgo o de "chaletarros de 500 metros cuadrados en suelo rústico", ironizando con que esto sea una urgente necesidad de la sociedad.

Por su parte, la representante de Unidas Podemos en el Parlament, Cristina Gómez, ha opinado que el decreto es "una tomadura de pelo", avisando al Govern que "agilizar cuando se elimina no tiene mérito".

"Fomentar pelotazos y legalizar y legalizar; eso sí es corrupción", ha concluido.