El Parlament pide que se habilite Manacor como centro desplazado de exámenes de la DGT

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament ha aprobado por unanimidad una iniciativa del PP para que Manacor se habilite como centro desplazado de exámenes de la Dirección General de Tráfico (DGT)

Ha sido a través de una proposición no de ley (PNL) defendida por el 'popular' Rafael Nadal para iniciar en la capital del Llevant con carácter periódico la realización de las pruebas de control de conocimientos y estableciendo una hoja de ruta para que, una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos técnicos, materiales, de seguridad y organizativos exigibles, se puedan realizar también las pruebas de control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado y las pruebas de circulación en vías abiertas al tráfico general.

La Cámara pide para ello al Gobierno central que establezca los mecanismos organizativos necesarios para garantizar la realización periódica de estas pruebas en Manacor, mediante el desplazamiento de personal examinador durante una mañana, con una frecuencia semanal o quincenal, en función de la demanda.

El Parlament reclama igualmente coordinación con el Ayuntamiento de Manacor para disponer de instalaciones adecuadas y asegurar el correcto desarrollo de las pruebas. La iniciativa también solicita a la DGT que valore la red viaria urbana e interurbana de Manacor para la realización de las pruebas.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Por otra parte, la Comisión ha aprobado una iniciativa socialista para instar al Govern a garantizar que todos los sistemas de inteligencia artificial utilizados o contratados por las administraciones públicas respeten los principios de no-discriminación, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades.

La proposición no de ley, que ha defendido el diputado del PSIB Omar Lamín, insta al Ejecutivo autonómico a establecer mecanismos obligatorios de evaluación de impacto en derechos fundamentales y de detección de sesgos en los sistemas algorítmicos utilizados en la toma de decisiones públicas, especialmente en aquellos que afecten al acceso a prestaciones, servicios sociales, sanitarios, educativos o laborales.

La Cámara reclama al mismo tiempo que se garantice la transparencia, trazabilidad y supervisión humana de las decisiones automatizadas, y asegurar así el derecho de las personas a obtener explicaciones comprensibles, a impugnarlas y a no ser sometidas exclusivamente a decisiones automatizadas con efectos jurídicos o significativos.

Sin embargo, se ha rechazado, con el voto en contra de PP y Vox, el punto que pedía que se priorice en la contratación de estos sistemas el software libre y de código abierto.