Archivo - Un cuidador con una persona dependiente. - JCYL - Archivo
PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Asuntos Sociales ha aprobado por unanimidad una iniciativa del PP para reclamar más recursos judiciales y forenses en la atención a niños de víctimas de violencia sexual.
Los siete puntos de la proposición no ley (PNL) que ha defendido la 'popular' han contado con el apoyo unánime de todos los grupos y reclaman, entre otras cuestiones, que el Govern y el resto de instituciones implicadas impulsen la implantación progresiva del modelo Barnahus y que se garantice una atención integral, especializada, coordinada y centrada en las necesidades de los niños y adolescentes víctimas de violencia sexual
La iniciativa reclama igualmente al Gobierno central que se garantice una dotación suficiente, estable y territorialmente adecuada de profesionales de la psicología, del trabajo social y del resto de equipos técnicos y forenses adscritos a la Administración de Justicia con especial atención a los profesionales necesarios para la exploración y valoración de los niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.
La PNL insta, además, al Gobierno central a poner a disposición de la Administración de Justicia los recursos humanos, técnicos y organizativos necesarios para facilitar la aplicación efectiva de las medidas dirigidas a evitar la victimización secundaria de los niños víctimas de violencia sexual, a facilitar la plena participación de los equipos técnicos y forenses en el despliegue del modelo Barnahus en las Islas y a adoptar las medidas necesarias para que Menorca, Eivissa y Formentera dispongan de un acceso efectivo y en condiciones de equidad a los profesionales necesarios para la atención de los niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.
La iniciativa reclama por su parte al Ejecutivo autonómico que disponga el espacio físico adecuado para el desarrollo del modelo Barnahouse y que acelere la contratación de personal propio de la Unidad de Tratamiento del Abuso Sexual Infantil (Utasi).
PRECARIZACIÓN DE LOS CUIDADOS EN MENORCA
Por otra parte, la Comisión ha dado el visto bueno, con el voto en contra de Vox en la mayoría de puntos, a una iniciativa de Més per Menorca, defendida por la diputada Joana Gomila, para instar al Govern a desarrollar un plan estratégico de cuidados y dependencia con horizonte 2030, que incluya objetivos, recursos suficientes, calendario de ejecución e indicadores de evaluación eficaces que permitan corregir posibles carencias.
En este sentido, la iniciativa reconoce que la precarización del trabajo de cuidados perpetúa situaciones de discriminación de género y constituye una barrera para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, para el bienestar y la cohesión social.
El Parlament, en virtud de la iniciativa aprobada en comisión, insta al Ejecutivo autonómico a promover medidas de corresponsabilidad real en los cuidados, permisos laborales equitativos, campañas de sensibilización social sobre la importancia de los cuidados, su valor social y económico, orientadas a la igualdad efectiva y a la dignificación del sector.
La Comisión pide al Govern, en esta línea, que promueva programas de apoyo emocional y de acompañamiento a las familias cuidadoras y a las personas cuidadoras no profesionales con espacios de formación e información, programas de descanso y respiro y con mecanismos de reconocimiento público de su función social esencial.
Solicitan también que se creen mecanismos estables de seguimiento y evaluación de las condiciones laborales en el sector de los cuidados con datos desagregados por sexo, perfil profesional y territorio, que permitan detectar las desigualdades y poderlas corregir, y que se haga un estudio, disgregado por islas, sobre las necesidades reales presentes y futuras de personal de cuidados, incluyendo la previsión derivada del envejecimiento poblacional, el aumento de la dependencia y la complejización de las necesidades asistenciales.
La iniciativa, por otra parte, insta al Ejecutivo central a impulsar una ley integral de cuidados y dependencia que garantice derechos laborales dignos, salarios adecuados, estabilidad contractual y formación continuada para todas las personas profesionales del sector.
