Prohens rebate a las entidades sociales e insiste en que la regularización de migrantes generará un "efecto llamada"

   PALMA, 29 (EUROPA PRESS)

   La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha mostrado en desacuerdo con la postura mantenida por diferentes entidades sociales y ha insistido en que la regularización extraordinaria de migrantes, que en Baleares alcanzará a unas 10.800 personas, generará un "efecto llamada".

    Así se ha expresado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación después de participar en un acto con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto en el Consolat de Mar.

    La líder autonómica ha considerado que la medida, aprobada el martes por el Consejo de Ministros vía real decreto, no es más que "una cortina de humo de una irresponsabilidad enorme".

    "Es una regularización masiva, oportunista, para que se deje de hablar de todas las incógnitas sobre el accidente ferroviario y del caos ferroviario que depende del Gobierno", ha sostenido.

    Prohens ha defendido que pese a que es una medida que otros gobiernos han adoptado a lo largo de la democracia, esta regularización se ejecutará de una manera "nunca vista" por "no estar vinculada a un contrato de trabajo, no pasar por el Congreso y no pedir un certificado de penales".

   "La residencia no se puede regalar ni servir como excusa para hacer política partidista a corto plazo", ha afeado la presidenta dirigiéndose al Ejecutivo central. 

   El modelo que defiende su Govern, ha expuesto, es el de "una inmigración regular, vinculada al puesto de trabajo y con un contrato". 

   Un tipo de migración, ha concedido, que Baleares "evidentemente necesita y es bienvenida" siempre y cuando las personas "vengan a sumar y a contribuir" y estén dispuestas a "integrarse a unas costumbres y un ordenamiento jurídico igual para todos". 

   Prohens, además, ha instado a aumentar los recursos de los que disponen las oficinas de Extranjería para que aquellas personas migrantes que ya se encuentran en situación regular puedan renovar sin problemas sus permisos de residencia. 

LAS ENTIDADES SOCIALES Y LAS PATRONALES

    Además, ha asegurado que la regularización, que según cálculos de la Delegación del Gobierno en Baleares podría alcanzar a 10.8000 personas en el archipiélago, generará "un efecto llamada", beneficiará "el negocio de las mafias" y "saturará" los servicios públicos.

   Son cuestiones que ya subrayó el martes, poco antes de que la medida fuera aprobada, y que entidades sociales como EAPN Baleares y Médicos del Mundo rebatieron en sendos comunicados.

    EAPN, por ejemplo, defendió que no podrá generar un "efecto llamada" ya que las personas que se podrán acoger a la regularización ya viven en Baleares, quienes ahora podrán acceder a unos derechos que hasta entonces "tenían vedados".

    Médicos del Mundo, por su parte, añadió que la mayoría de potenciales beneficiarios ya habían iniciado el expediente de arraigo sociolaboral y se encontraban a la espera de una resolución antes de que se aprobara el citado real decreto.

   "Y a las personas que esperan para venir, ¿qué mensaje les lanzamos? A mí me cuesta mucho compartir este posicionamiento. Lo vemos con los menores migrantes, que nos avisan cuando llegan de todos los que hay pendientes para venir", ha argumentado Prohens.

   Aunque ha matizado que no piensa que todo aquel migrante que llega a Baleares "es malo" --un tipo de discurso que ha considerado "falso y peligroso"--, sí que ha subrayado la necesidad de que las autoridades dispongan de "información acerca de todas las personas que entran". 

   Con los términos en los que el Gobierno ha dado luz verde a la regularización, ha sostenido, "el mensaje que se lanza es que no se pide ninguna información". 

    Sobre el aval que diferentes patronales de Baleares han dado a la medida, ha considerado que "lo que dicen los empresarios es que tiene que ir vinculado a un puesto de trabajo, algo que no se produce".

   "No creo que los empresarios compartan que no sea necesario un certificado de penales", ha añadido la presidenta de la comunidad autónoma.

LOS DETALLES DE LA MEDIDA

Esta regularización extraordinaria es para extranjeros que ya se encuentran en España y se realizará "con el objetivo de garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente", según confirmaron fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Europa Press. Al ser por decreto, no tendrá que pasar por la convalidación del Congreso.

    El acuerdo pauta una serie de requisitos para acogerse a la regularización, como es carecer de antecedentes penales relevantes. Para acreditar la residencia en España durante cinco meses, los migrantes podrán aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte, entre otros.

   En el momento de presentación de la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesarán sobre la persona, y cuando se admita a trámite se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

   Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

    La portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, explicó el martes que la regularización extraordinaria de migrantes que el Ejecutivo ha pactado con Podemos permitirá a los extranjeros en situación irregular solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año.

    Con este Real Decreto, el Ejecutivo retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por más de 700.000 firmas y cuya toma en consideración fue apoyada en 2024 por todos los grupos parlamentarios menos Vox (310 votos a favor y 33 en contra), aunque sigue varada en la Cámara Baja.

    El texto entró en el Parlamento antes, en la pasada legislatura, pero no decayó porque las ILP no decaen cuando se disuelven las Cortes. Aunque en esta legislatura ha dado algunos pasos, la difícil artimética parlamentaria no ha permitido que avance más allá de su toma en consideración.