Archivo - Varios coches de la Guardia Civil frente a la fachada del Ayuntamiento de Sant Josep, a 13 de junio de 2023, en Sant Josep, Ibiza, Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press - Archivo
EIVISSA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción a un agente de la Guardia Civil que permitió que cuatro personas ajenas al cuerpo se alojaran en su habitación del acuartelamiento de la localidad ibicenca de Sant Josep de sa Talaia.
Los magistrados, en una sentencia consultada por Europa Press, han desestimado el recurso de casación interpuesto por el acusado contra sanción disciplinaria que se le impuso, consistente en la pérdida de 20 días de sueldo y funciones por cometer una falta grave.
El incidente, según los hechos probados confirmados por el Supremo, sucedió el 12 de octubre de 2023, día en el que varios componentes del Puesto Principal de Sant Josep estaban celebrando la festividad de la Patrona de la Guardia Civil.
A última hora de la tarde, tres agentes observaron dentro del acuartelamiento a una mujer, un hombre y dos niñas menores de edad que no conocía nada. Todas ellas venían de la habitación que tenía adjudicada un guardia civil que en ese momento no se encontraba en Eivissa.
El hombre, quien presentaba un aspecto "desaliñado", manifestó que estaba en la habitación de una amiga. Aunque una de las menores dijo que estaban en la habitación del guardia civil sancionado, al que citó por su nombre, él insistió y dijo que pensaba que había alquilado un apartamento con vistas al mar.
En cualquier caso, el hombre se sirvió una copa de alcohol sin pedir permiso y llegó a preguntar: "¿Aquí dónde se pilla?", dando a entender que quería adquirir drogas.
Cuando fueron invitados a marcharse del acuartelamiento, la mujer aseguró que el guardia civil expedientado les había prestado la habitación mientras él se encontraba fuera de la isla. Hablaron por teléfono con el agente y, al parecer por indicaciones de este, recogieron sus pertenencias y se marcharon, aunque sin devolver las llaves ni del pabellón ni del cuartel.
Ninguna de estas personas que se encontraban en la habitación del acusado, comprobaron después, tenían autorización para ocupar el pabellón, ni tampoco había sido comunicada al Servicio de Guardia de Seguridad su visita.
La sentencia señala que el agente sancionado es titular de un derecho administrativo semejante al de habitación sobre la vivienda que tiene concedida en las instalaciones de la Guardia Civil y que el pabellón -o la habitación en este caso-, era su domicilio; pero el título de ocupación de dicha habitación es administrativo, y en consecuencia, la ocupación de esa vivienda está limitada y sujeta a condiciones reglamentariamente dispuestas.
Además, remarca que el tratarse de un alojamiento dentro de un cuartel existen obligaciones de seguridad respecto de las entradas, permanencias y salidas de terceros en las instalaciones que en este caso no se respetaron.
