La Sectorial de Igualdad acuerda destinar 4,5 millones de euros a Baleares para políticas contra la violencia machista

PALMA DE MALLORCA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La conferencia sectorial de Igualdad ha acordado este lunes distribución de diferentes créditos a las Comunidades Autónomas para llevar a cabo políticas contra las violencias machistas, de los cuales 4,5 millones de euros van destinados a Baleares.

En la sectorial, que ha estado presidida por la Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha participado la consellera de Presidencia, Cultura e Igualdad, Pilar Costa, la directora del Institut Balear de la Dona (IbDona), Maria Duran, así como las consejeras del resto de comunidades autónomas del Estado.

De este total, 4.142.542 euros corresponden al reparto de los fondos correspondientes al Pacto de Estado contra la violencia de género para el año 2020. La consellera Costa ha remarcado que esta cifra para Baleares se ha logrado gracias al hecho de que "se ha tenido en cuenta la insularidad como criterio de reparto de los fondos, lo que supone 2 millones para las Baleares".

Esta partida está destinada al cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género aprobado en septiembre de 2017 y supone la transferencia de 20 millones de euros a las Baleares durante cinco años. Estos fondos se utilizan para dotar proyectos como el SOIB Dona, que garantiza un puesto de trabajo a las víctimas de violencia machista, la implantación de la coeducación en los centros educativos o diferentes campañas de sensibilización y prevención.

Por otro lado, también se ha aprobado el reparto de los créditos de varios programas de políticas contra las violencias machistas, siguiendo los mismos criterios que en 2019. Así pues, Baleares recibirá 401.423 euros correspondientes a las partidas de tres tipos de programas: programas para la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género, programas para la implementación de planes personalizados y programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.

En este sentido, la consellera se ha mostrado satisfecha por el hecho de que la ministra Montero "se ha comprometido, a acelerar la redacción de la ley contra la trata, la prostitución y la explotación sexual de mujeres y niñas", a petición de diferentes comunidades autónomas, entre las cuales se incluye Baleares.

SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CONTRA LA COVID-19

Por otro lado, durante la reunión también se ha informado y se ha hecho seguimiento de los recursos y las medidas aprobadas en el marco del Real decreto ley 12/2020, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género y otras formas de violencia sexual, el cual incluye medidas que se han fijado en el 'Plan de Contingencia contra la Violencia de Género ante la crisis derivada de la COVID-19'.

Entre estas medidas, se incluyen la declaración como "esenciales" de los servicios especializados destinados a la protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, la puesta en marcha de un servicio nuevo de mensajería Whatsapp las 24 horas para poder realizar consultas y prestar asistencia psicológica a las víctimas, o el lanzamiento de una campaña de prevención y sensibilización.

CONSEJO LGTBI

Asimismo, durante la Conferencia Sectorial de Igualdad también se ha informado sobre la creación de un Consejo de Participación de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales, un organismo que ya está en funcionamiento en Baleares.

"En Baleares ya existía un consejo de participación LGTBI, pero no a nivel de toda España. Nos hemos ofrecido a colaborar en su coordinación y participación, debido a la experiencia que tenemos en esta cuestión", ha indicado Costa. El Consell LGTBI de Baleares se creó en mayo de 2017, a raíz de la aprobación, un año antes, de la Ley y 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de este colectivo y para erradicar la LGTBI fobia.

El nuevo consejo asesor LGTBI se articulará principalmente como espacio de participación y encuentro entre las distintas administraciones públicas, interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil para dotar de más transparencia y eficacia las politiques públicas destinadas a garantizar la igualdad de trato, la no discriminación y la inclusión social de las personas LGTBI.

En cuanto a su composición, está previsto que cuente con dos vocalías en representación de las comunidades autónomas, que serán designadas por un periodo de tres años.