Los seis acusados de estafar con la compra de una finca en Lloseta disponen de siete meses para pactar una conformidad

PALMA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los seis acusados de estafar 113.000 euros a una mujer con la compra de una finca en Lloseta disponen de siete meses, hasta el próximo octubre, para tratar de lograr un acuerdo de conformidad.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares iba a celebrara este lunes una vista previa que finalmente ha sido suspendida y pospuesta para el 22 de octubre.

Entonces se volverá a realizar la vista con el objetivo de que todas las partes se hayan puesto de acuerdo y así evitar la celebración del juicio.

Aunque la conformidad está cerca, siguen pendientes por aclarar algunos "flecos" relativos a las cantidades que deberán abonar los acusados a la perjudicada, según ha indicado la magistrada este lunes.

La Fiscalía, en un principio, reclama que sean condenados a un total de cinco años de prisión y a la devolución del dinero como supuestos autores de sendos delitos de estafa.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar en agosto de 2014, cuando la víctima ya hacía años que tenía a la venta su finca.

Uno de los procesados, intermediario inmobiliario, se puso en contacto con la mujer y le planteó la posibilidad de que dos clientes suyos, un hombre y una mujer que también se sentarán en el banquillo, compraran el inmueble.

La mujer acusada formalizó un contrato privado de opción de compra por 7.000 euros y fijaron que el precio total de la operación fuera de 120.000 euros, una cantidad cercana a la tasación realizada por un perito.

Para abonar los 113.000 euros restantes los acusados entregaron dos letras de cambio que, sin embargo, carecían de fuerza ejecutiva ya que habían sido redactadas de manera que no pudieran ser cobradas.

En ambas la víctima aparecía como librado, es decir, como si tuviera que pagar ella por vender su propia finca. En una de ellas no constaba el nombre de la persona que supuestamente ostentaba el derecho de crédito y en la otra aparecía el nombre de la acusada.

Esta mujer, aprovechando que la perjudicada seguía creyendo que iba a recibir la cantidad que le adeudaban, formalizó un contrato de compraventa ante notario con otros dos acusados, que figuraban como compradores por el precio de 20.000 euros y se enriquecieron de forma ilícita.

La vendedora nunca recibió los 113.000 euros y la finca se inscribió registralmente a favor de los dos supuestos compradores, quienes posteriormente trataron de vender el inmueble por 160.000 y 112.000 euros.