PALMA DE MALLORCA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB) ha rechazado que se reanude la actividad de la residencia para personas mayores de Pere Garau, a cuyo cierre procedió el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (Imas) en julio de 2009 al carecer de autorización administrativa para su funcionamiento y considerar que este colectivo merece "una especial protección dada su particular vulnerabilidad".
Así lo expone en una sentencia el tribunal de esta sala, con la que desestima el recurso de apelación que interpuso la entidad Cuidados a Mayores 24 Horas contra el auto dictado el pasado mes de septiembre que denegó la suspensión del cierre y precinto de la actividad del centro de día, que estaba ubicado, en concreto, en la calle Bisbe Cabanelles de Pere Garau.
La resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, asevera que el auto recurrido, que fue emitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma, "lo único que señala" es la inexistencia de autorización para llevar a cabo la actividad en este centro, tras haber sido revocada en mayo del pasado año por las deficiencias que presentaba y después de varios requerimientos dirigidos a su cierre.
Sin embargo, la Sala del TSJIB asevera que antes del cierre definitivo del centro, se constató el incumplimiento del precinto y la continuidad de la actividad. La empresa impugnó el auto al considerar "errónea" la inexistencia de autorización administrativa ya que "sí la hay", a lo que el Imas se opuso y pidió la confirmación del cierre.
Finalmente, el tribunal apunta a los intereses contrapuestos que confluyen en el caso, por un lado los "particulares" de la mercantil derivados de la imposibilidad de su actividad y el perjuicio que ello le depara, y por otro los intereses generales relativos a la seguridad y la protección de las personas a las que está destinada la actividad. Al respecto, concluye que priman los públicos ya que afectan a la "seguridad y protección de personas y bienes".
Cabe recordar que el Imas, dependiente del Consell de Mallorca, realojó a la totalidad de los usuarios que utilizaban el servicio de la residencia -un total de 48 usuarios- en una residencia pública así como en diferentes centros privados de la isla tras obtener plaza en ellas.
