UGT y CCOO piden aumentar el ITS en julio y agosto para destinarlo a comprar suelo urbano y viviendas

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han reclamado un incremento del impuesto de turismo sostenible (ITS) en los meses de julio y agosto para orientarlo a la adquisición de suelo urbano y viviendas.

Estas son algunas de las reivindicaciones que han lanzado las centrales sindicales después de un año del inicio de la segunda fase del Pacto para la Sostenibilidad económica, social y ambiental de Baleares, según han apuntado en un comunicado conjunto.

Los sindicados CCOO y UGT han considerado "imprescindible" que el Govern se comprometa de forma "inmediata" a tomar medidas que, dentro del marco de objetivos estratégicos que se han marcado, se dirijan a "paliar urgentemente los principales problemas y preocupaciones de la clase trabajadora de la comunidad autónoma balear".

Entre ellos han citado el acceso a la vivienda, la mejora de la movilidad y el "crecimiento desmesurado" de la afluencia turística.

Por este motivo, han pedido a la Mesa de Diálogo Social que se concrete una hoja de ruta con los objetivos estratégicos necesarios para la transformación del modelo económico del archipiélago, con un calendario "preciso" y un presupuesto "adecuado".

CCOO y UGT han avanzado que trasladarán a la Mesa de Diálogo Social una serie de "propuestas prioritarias" para que se incorporen al Pacto por la Sostenibilidad, entre las que figurará el aumento del ITS con el fin de "reducir el número de visitantes a las islas y conseguir un equilibrio social y ambiental que permita mantener cuotas de bienestar presentes y futuras para los baleares".

En cuanto a su propuesta sobre vivienda, han precisado que será necesaria la modificación del decreto que regula este impuesto para que sus ingresos se puedan destinar a la compra de suelo, inmuebles, la construcción y la rehabilitación, con el objetivo de "sacar al mercado viviendas de alquiler protegido".

Otra de sus solicitudes pasa porque los terrenos que se recalifiquen como urbanizables sean de titularidad pública y el 50% de las viviendas que se construyan tengan que ser vivienda de protección oficial y no vivienda de precio limitado. Además, han especificado que la mayoría de ellas tendrán que estar dedicadas a alquiler protegido.

Los sindicatos plantearán que se dote de una plantilla "estable" al equipo de inspección para controlar el alquiler turístico vacacional ilegal y que se mejore la Ley de Movilidad Sostenible estatal, con especial énfasis en la movilidad sostenible para los trabajadores, con planes de movilidad específicos allá donde hay espacios de grandes concentraciones de personas trabajadoras, como los polígonos, aeropuertos o centros comerciales.