Vicens niega haber participado en las bases y cláusulas del concurso para vender el solar de Can Domenge

PALMA DE MALLORCA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ex conseller insular de Territorio, Bartomeu Vicens, ha afirmado este jueves ante la jueza que investiga el proceso de venta del solar de Can Domenge que no tuvo ninguna participación en la elaboración de las bases del concurso para la enajenación de los terrenos, sino que ha supuesto que el pliego de cláusulas fue determinado por el departamento de contratación del Consell de Mallorca.

Así lo ha puesto de manifiesto ante la titular del Juzgado de Instrucción número 12, Mari Carmen González, durante una comparecencia de cerca de dos horas en la que se ha desvinculado de este proceso, pese a que la magistrada sostiene que fue el ex dirigente de UM quien solicitó la enajenación del inmueble y participó personalmente en la ideación y clausulado del concurso, según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.

El declarante ha ratificado de este modo las afirmaciones que ya expuso ante la jueza en su primera comparecencia como imputado por este procedimiento, que que investiga si la UTE adjudicaria dispuso de información privilegiada y gozó de un trato de favor en el proceso, después de que los terrenos fuesen vendidos por el Consell de Mallorca a Sacresa Terrenos y Promoción S.L. y Construcciones Pedro Francisco Ferrá Tur por un total de treinta millones de euros, pese a tratarse de la mitad de su valor en el mercado (57,8 millones de euros) y de lo que ofrecía la promotora Núñez y Navarro.

Vicens, asistido por los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, ha defendido que la intención era asegurar un proyecto singular, por lo que ha señalado que la intervención que tuvo en el proceso fue la de interesarse por que se valorara la estética del conjunto de viviendas que iban a ejecutarse en el solar.

El ex portavoz de UM en el Parlament ha sido excarcelado para declarar, ya que desde el pasado 6 de julio se encuentra cumpliendo tres años de condena en la prisión de Palma por una pieza separada del caso Son Oms, tras pagar en la pasada legislatura 12.020 euros públicos a su contable por un informe sobre el suelo que resultó innecesario para los intereses generales y que fue plagiado de Internet.

La magistrada mantiene que Vicens conversó con quienes finalmente resultaron adjudicatarios y que comenzaron de este modo a trabajar en el concurso "mucho antes" de su publicación en el Boletín Oficial de Baleares. Además, señala que el ex conseller insular firmó el decreto para la aprobación del expediente de contratación de Can Domenge.

Mientras tanto, también esta mañana ha prestado declaración como testigo la interventora de la Institución Insular, Elena Montejo, quien ha sido interrogada acerca de su participación en la tramitación y modificación de las bases del concurso. Mientras tanto, en torno a las 15.25 horas ha arrancado la comparecencia del ex conseller insular de Economía y Hacienda, y ex presidente 'uemita', Miquel Àngel Flaquer, quien también está encausado en este procedimiento.

En concreto, el nombre de ambos imputados aparece reflejado en la querella que interpuso Josel S. L. -perteneciente al grupo Núñez y Navarro-, y que atribuye los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y revelación de secretos oficiales a, entre otros, Munar y a aquellos miembros del pleno del 30 de diciembre de 2005 que dieron su voto a favor de la adjudicación de estos solares.

Cabe recordar que la jueza, en la exposición que elevó al TSJIB para pedir que asumiera el caso, a la que tuvo acceso Europa Press, determinó que la resolución de este decreto iba dirigida a "un fin preordenado de satisfacer intereses no legítimos", que constituyó una "conculcación flagrante de las normas con una finalidad torticera y ajena a los intereses generales".

En esta línea, la magistrada considera que los imputados se desprendieron de un inmueble de "muy alto valor y que lejos de hacerlo en la forma que más se garantizaba el interés general lo hicieron para satisfacer intereses privados", a un precio 30 millones inferior a su valor en el mercado "dejando por tanto de ingresar a sabiendas en el erario público esa cantidad sin que existiesen razones justificadas para ello".